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La sanción de EEUU a Rosario Murillo abre oportunidad para destrabar crisis

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La sanción que Estados Unidos impuso a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, abre la oportunidad para destrabar la crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país, dijo este domingo 2 de diciembre el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

“Hay que aprender a leer los signos de los tiempos, los acontecimientos de la historia a través de los cuales los seres humanos tenemos que ir aprendiendo a rectificar, a reconducir la historia de modo más humano y más justo”, comentó el obispo, al ser consultado por periodistas en Managua.

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“Los últimos acontecimientos nos están diciendo que hay que destrabar una situación que se está volviendo un callejón sin salida”, consideró.

A su juicio, en Nicaragua “nos hemos quedado estancado de una situación en la que no se va ni para adelante ni para atrás” y que se está “hundido en el miedo, en el dolor y en la incertidumbre”.

Por tanto, agregó Báez, la sanción a la vicepresidente Murillo es una oportunidad para que el Gobierno de Daniel Ortega busque como “destrabar la situación y generar procesos sobre la democratización del país”.

Estados Unidos impuso sanciones a Murillo, a quien calificó como la “copresidenta de facto” y destacó su “influencia” en grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril, además de estar involucrada en supuestas prácticas de corrupción.

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También sancionó a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de la Presidencia.

Las medidas, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier propiedad o intereses en propiedades de Murillo o Moncada que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.

También prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con los sancionados, a quienes se les suspendió la entrada a Estados Unidos.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

EFE

Alberto News

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