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Piden reanudar diálogo en Nicaragua para evitar más daños económico y social

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El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) abogó este miércoles 28 de noviembre, por la reanudación del diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos.

El INDE “reafirma su apoyo a las necesarias y urgentes reformas democráticas y el fin de la violencia e insta a todos los sectores para que, apartando discordias y preocupaciones de corto plazo, respalden de forma decidida, eficaz e inmediata la reinstalación del diálogo nacional”, señaló esa entidad que forma parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal del país.

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Ese diálogo, que es “la única vía para una solución cívica y pacífica a esta crisis”, se debe reanudar “con garantes internacionales, agregó.

El diálogo entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.

El INDE advirtió que “de prolongarse esta crisis, las repercusiones sociales y económicas serán gravísimas, y en consecuencia tendrán un impacto negativo en las libertades y derechos fundamentales, la lucha contra la pobreza, la generación de empleos y la prosperidad de los nicaragüenses”.

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Por tanto, insistió en que “por el bienestar de las futuras generaciones, es urgente reinstalar el diálogo nacional para salvar a la patria” y que “este es el clamor nacional”.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

EFE

Alberto News

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