Un grupo de 27 países occidentales, liderados por el Reino Unido, instaron este martes a China a dar marcha atrás con su la polémica ley de seguridad en Hong Kong, argumentando que Beijing debe preservar el derecho de reunión y la libertad de prensa en la ex colonia británica.
“Deseamos elevar nuestra más profunda preocupación por la imposición de una ley de seguridad nacional en Hong Kong que menoscaba el principio de ‘Un país, dos sistemas’ y tiene claras implicaciones en materia de Derechos Humanos”, señaló Julian Braithwaite, embajador del Reino Unido ante las Naciones Unidas (ONU), durante una comparecencia ante el concejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Instamos a los gobiernos de Hong Kong y China a reconsiderar la imposición de esta legislación y entrar en diálogo con el pueblo de Hong Kong, sus instituciones y su sistema judicial para prevenir una mayor erosión de sus derechos y libertades”, agregó.
Braithwaite habló en representación de un grupo de 27 países, en su mayoría miembros de la Unión Europea (UE) pero incluyendo también a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Suiza.
La ley aprobada previamente en un acto meramente formal por la Asamblea Popular Nacional de China surge en respuesta a meses de protestas en favor de la democracia celebradas en Hong Kong, que tenía garantizadas libertades que no se disfrutaban en la China continental bajo la fórmula de “un país, dos sistemas”, acordado en su traspaso a manos chinas en 1997.
“Deploramos la decisión”, dijo por su parte el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, en una conferencia de prensa.
“Esta ley corre el riesgo de socavar gravemente el alto grado de autonomía de Hong Kong y de tener un efecto perjudicial en la independencia del poder judicial y el Estado de derecho”, agregó.
Las autoridades de Beijing y Hong Kong han afirmado en repetidas ocasiones que la ley está dirigida a unos pocos “alborotadores” de Hong Kong y que no afectará a sus derechos y libertades, ni a los intereses de los inversores.
A pesar de estas garantías, la UE ha advertido de las graves consecuencias de una ley que, según activistas democráticos, diplomáticos y algunas empresas, pondrá en peligro el estatus semiautónomo de Hong Kong y su papel como centro financiero mundial.
“Decidiremos cuidadosamente cómo responder”, dijo Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, quien añadió que el bloque está discutiendo posibles medidas de respuesta con “socios internacionales”, aunque sin dar detalles.
La semana pasada, el Parlamento Europeo instó al bloque a llevar a China a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el más alto órgano jurídico de la ONU, si seguía adelante con la ley.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que China estaba socavando la autonomía de Honk Kong.
“Está claro que China no comparte nuestros valores: la democracia, la libertad y el Estado de derecho”, dijo Stoltenberg en un discurso durante un foro virtual. “Esto lo vemos en Hong Kong, donde la nueva ley de seguridad socava su autonomía”, dijo.
En Londres, el Ministro de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab calificó la ley de un «paso grave».
“Estamos profundamente preocupados por la información no confirmada de que Beijing ha aprobado la ley de seguridad nacional”, dijo Raab.
En Tokio, altos cargos del Gobierno calificaron la ley de «lamentable», diciendo que socavaba la credibilidad de la fórmula «un país, dos sistemas».
“Seguiremos trabajando con los países interesados para tratar este asunto de manera apropiada”, dijo en una conferencia de prensa el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga.
Japón también mantendrá una estrecha comunicación con Estados Unidos y China, ya que la estabilidad de los lazos entre las dos potencias mundiales son vitales para la seguridad regional y mundial, añadió.
Con información de Reuters
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