En los últimos compases de su mandato, tras años de concesiones sucesivas al régimen de Nicolás Maduro, la Administración de Joe Biden ha decidido despedirse de la Casa Blanca endureciendo de forma significativa las sanciones contra los altos cargos que respaldan al líder venezolano. Este miércoles, incluso en plena semana de Acción de Gracias, el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra veintiún altos funcionarios, señalándolos como responsables de “reprimir violentamente protestas pacíficas, realizar detenciones arbitrarias y violar derechos humanos” tras las elecciones del 28 julio, declaradas fraudulentas.
Una muestra de que la Administración de Biden busca estrechar el cerco sobre los jerarcas del régimen y sus círculos más cercanos es la inclusión en las sanciones de Daniella Desiree Cabello Contreras, hija de Diosdado Cabello, ministro del Interior. Aunque es conocida por sus incursiones en el mundo de la música, actualmente dirige la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones, encargada de diversificar las exportaciones del país y de elaborar el Protocolo Unificado para Exportaciones No Petroleras y Actividades Relacionadas, que establece un único esquema de pago para las exportaciones desde Venezuela. Anteriormente, ocupó la presidencia de la Fundación Marca País, desde donde se reportaba directamente ante la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada desde 2018.
No es habitual que una Administración saliente imponga sanciones en los últimos días de su mandato, ni que lo haga sin coordinarse previamente con el equipo entrante. Un alto funcionario, al detallar las medidas en una conversación con periodistas, señaló que estas sanciones son una iniciativa exclusiva del equipo de Biden. Según explicó: “Estamos llevando a cabo estas acciones con respecto a Venezuela como parte del compromiso de la administración Biden de promover la democracia en el país y de responsabilizar al régimen venezolano y a sus actores por prácticas que incluyen la represión política, la subversión de la voluntad democrática del pueblo y otros asuntos que van en contra del buen gobierno en Venezuela. Estas medidas forman parte de nuestro marco general de políticas. Somos conscientes de que habrá un cambio de Administración el 20 de enero, y en ese momento, la nueva Administración podrá abordar este asunto en Venezuela”.
Un giro in extremis
Las sanciones impuestas tras las elecciones de julio representan un giro significativo en la política de la Administración Biden hacia Venezuela. Durante los primeros tres años y medio de su mandato, Biden se centró en desmantelar el complejo régimen de sanciones heredado de la administración Trump. Entre las medidas más destacadas estuvo el levantamiento del embargo al petróleo venezolano, lo que permitió el regreso de compañías como Chevron al mercado del país suramericano. Además, Biden liberó de manera unilateral a prisioneros conocidos como los ‘narcosobrinos’, apodo de dos familiares de Cilia Flores, esposa de Maduro, condenados por narcotráfico en EE.UU.
Hace un año, el presidente saliente tomó la controvertida decisión de indultar y repatriar a Alex Saab, un empresario colombiano acusado de fraude y lavado de dinero en Florida, considerado uno de los principales testaferros de Maduro. Saab, detenido en Cabo Verde y extraditado a EE.UU., era señalado como pieza clave en el entramado de corrupción del régimen venezolano. Su liberación generó críticas por parte de los republicanos, por ser vista como una concesión que debilitaba la presión sobre el régimen chavista.
De hecho, tras lograr la liberación de Saab, el dictador intensificó su control sobre las elecciones de julio, inhabilitando y vetando a candidatos opositores, como María Corina Machado y Corina Yoris, no permitiendo la participación de observadores independientes, manipulando el recuento de votos y proclamando de manera irregular su victoria sin publicar las actas completas del proceso electoral.
Uno de los políticos estadounidenses más críticos con las concesiones de EE.UU. hacia Maduro durante la Administración Biden ha sido el senador por Florida, Marco Rubio, quien recientemente fue designado por Donald Trump para secretario de Estado, el máximo cargo diplomático del país. Rubio, conocido por su firme postura contra el régimen chavista, ha defendido el endurecimiento de las sanciones y en 2019 respaldó un intento fallido de derrocar a Maduro y promover una transición democrática en Venezuela. Aunque su nombramiento debe ser confirmado por el Senado, Rubio cuenta con los apoyos necesarios para asumir el puesto, lo que reforzaría una política más estricta hacia el régimen venezolano
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