Acnur busca soluciones dentro de Venezuela para evitar desplazamientos

Durante una entrevista concedida al programa Háblame Bajito, de Radio Fe y Alegría Noticias, Ramos explicó que, en el ámbito de la protección, se han dotado centros de salud. 

Además, desde enero hasta mayo de este año, se brindó asistencia a aproximadamente 39.000 beneficiarios en Venezuela, distribuyendo 2.500 dotaciones a instituciones y 327 a personas vulnerables.

Asimismo, se entregaron 825 kits de higiene a comunidades desfavorecidas y personas con necesidades específicas.

Valles señaló que también han atendido el área de alojamiento de emergencia, provisión de bienes básicos, agua y saneamiento, así como en respuesta y prevención de urgencias.

75 comunidades priorizadas

Explicó que estas acciones se efectúan principalmente en 75 comunidades priorizadas, pero también hacen intervenciones en otras comunidades que requieren un fortalecimiento de sus estructuras comunitarias.

El representante de Acnur resaltó la importancia de dos aspectos fundamentales en dichas estructuras comunitarias. En primer lugar, la organización está trabajando con fundaciones de mujeres para prevenir, detectar y responder a casos de violencia sexual y de género. 

En segundo lugar, con grupos de jóvenes donde se busca promover la formación y orientación en temas de interés comunitario, al igual que fortalecer los medios de vida.

Esto último, según él, es crucial para crear oportunidades económicas y facilitar la reintegración de los individuos en las comunidades, evitando así la emigración masiva motivada a la falta de oportunidades.

“Queremos fortalecer sobre todo en perspectiva de crear oportunidades económicas y algún tipo de escenarios para la reintegración de las personas de las comunidades y evitar esta hemorragia de personas que se van”, puntualizó.

Accionar en equipo

Valles enfatizó que la tarea no debe ser exclusiva de Acnur, sino que “se requiere el respaldo de donantes, agencias como Unicef, el PMA, el PNUD, la FAO, oenegés nacionales e internacionales, entre otros actores de desarrollo”.

Destacó que la labor comunitaria comenzó en 2017, seleccionando comunidades con base a criterios que incluyen la presencia de población refugiada, solicitantes de refugio y personas afectadas por situaciones de vulnerabilidad, incluyendo aquellos que retornaron debido al fracaso de su proyecto migratorio.

El objetivo final es garantizar que estos últimos tengan acceso a servicios básicos en sus comunidades de origen, de manera que se evite su desplazamiento.

Por otro lado, Valles informó que está en una fase preliminar un programa de reintegración en colaboración con la Gobernación de Miranda, las autoridades del municipio Junín, la Gobernación del Táchira y otros actores, donde se están diseñando estrategias de intervención para lograr este fin.