En los meses anteriores a la muerte de Aruká Juma a principios de este año a causa del COVID-19, el último varón que quedaba del pueblo guerrero que vive en la Amazonia brasileña estaba transmitiendo las tradiciones de la tribu a una de sus hijas, que fue ungida jefa hace unos años.
Juma era el único que hablaba con fluidez la lengua de su pueblo y guardaba en su cabeza la memoria ancestral de la tribu. Pero la pandemia truncó los planes de Juma de contar a sus hijos y nietos su cultura, su música, su medicina tradicional y sus prácticas espirituales. Si la vacuna hubiera llegado antes al anciano, tal vez se habría salvado más de la historia de Juma.
Los pueblos indígenas de Brasil están siendo vacunados a un ritmo mucho más lento que todos los demás grupos prioritarios, lo que aumenta el riesgo de pérdidas irreparables para las comunidades vulnerables que ya están bajo la presión del aumento de la deforestación y el retroceso de las protecciones. Los activistas afirman que la lentitud de la vacunación forma parte de una estrategia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para debilitar a las tribus indígenas y dar paso al desarrollo en las tierras protegidas de la Amazonia, donde las comunidades nativas brasileñas son más numerosas.
“Lo que el gobierno está haciendo es deliberado; la campaña de vacunación es solo otro ejemplo de las políticas genocidas del gobierno hacia los pueblos indígenas”, dijo Adriana Ramos, coordinadora del Instituto Socioambiental de Brasil, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los pueblos indígenas.
Bolsonaro ha dicho que tiene la intención de abrir la Amazonia a más agricultura y minería, y se comprometió a no conceder ninguna nueva protección a las tierras de los pueblos indígenas mientras esté en el cargo. Propuso una legislación para promover la minería y la producción de energía hidroeléctrica dentro de las reservas y creó obstáculos legales para que los organismos apliquen las normas destinadas a proteger las tierras de los invasores. El propio ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, está siendo investigado por liderar un esquema de exportación de madera de tierras protegidas en la Amazonia, incluyendo territorios nativos, a Europa y Estados Unidos. Salles declinó hacer comentarios.
La oficina del presidente se negó a comentar sobre las afirmaciones de los activistas de que el retraso en las vacunaciones es una estrategia deliberada que pretende dejar a las comunidades indígenas más vulnerables al nuevo coronavirus.
Mientras tanto, la vacunación en las regiones del Amazonas, donde viven la mayoría de los grupos indígenas, va a la mitad de la tasa nacional en algunos casos, según un análisis de los datos económicos y demográficos y las cifras de casos, muertes y vacunaciones realizado por The Miami Herald, el Nuevo Herald y McClatchy’s Washington Bureau. Los datos proceden del Instituto Brasileño de Estadística y Geografía y del Ministerio de Salud del país. Las cifras están actualizadas hasta el domingo.
El Herald también descubrió que los estados más pobres o con mayor proporción de comunidades indígenas –que son menos de un millón de personas según el último censo y representan solo el 0.4 por ciento de la población brasileña– están muy por detrás del resto del país:
Entre estos 19 estados, 11 tienen porcentajes de población indígena superiores al promedio nacional. Entre ellos se encuentran Roraima, Acre, Amapá, Rondonia, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazonas y Marañón, los nueve estados con las tasas de vacunación más bajas.
En los nueve estados definidos por el gobierno brasileño como “Amazonas legal” – donde vive la mayor parte de la comunidad indígena del país y que constituyen alrededor del 60 por ciento del territorio nacional – la tasa de vacunación es del 15 por ciento, inferior al promedio nacional.
Roraima, donde alrededor de una décima parte de la población es indígena según las estimaciones oficiales, tiene la tasa más alta de casos de COVID: 162 por cada 1,000 personas, y ocupa el séptimo lugar en cuanto a la tasa de personas que han muerto por el virus. Ocupa el último lugar en la lista de personas que han recibido al menos una vacuna.
Amazonas, el estado con la mayor tasa de muertes por COVID –tres por cada 1,000 habitantes–, es el segundo con mayor proporción de nativos. Solo el 17 por ciento de su población ha recibido una inyección de la vacuna hasta ahora, muy por debajo del promedio nacional.
NO INCLUIDO EN LA LISTA DE PRIORIDADES
Desde el comienzo de la pandemia, fue necesario ejercer presión y presentar una demanda para que las poblaciones indígenas de Brasil fueran incluidas en la lista de prioridades de vacunación. Cuando la pandemia del COVID empezó a extenderse rápidamente en los territorios indígenas el año pasado, un grupo de activistas y líderes llamado Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una demanda ante el Tribunal Supremo pidiendo la revisión de las acciones y fallos del gobierno federal en el manejo de la pandemia del COVID-19 entre los grupos indígenas. El tribunal ordenó al gobierno que adoptara medidas para proteger a los pueblos indígenas, incluida la de convertirlos en una prioridad en el programa de inmunización del país.
Cuando el Ministerio de Salud de Brasil anunció sus planes en diciembre, solo incluyó a los pueblos indígenas que viven en tierras oficialmente denominadas nativas, excluyendo de hecho al menos a la mitad de los pueblos nativos del país. Según los datos del censo de 2010, 410,000 brasileños nativos viven en tierras indígenas, mientras que unos 500,000 viven en ciudades y zonas fuera de las reservas. Estos no estaban incluidos en los grupos prioritarios que empezaron a recibir la vacuna a finales de febrero, y todavía no han recibido la primera dosis.
“Muchos indígenas de Brasil viven en tierras que no son reservas oficiales, o van a la ciudad a estudiar, o trabajan en ranchos de ganado o en cultivos de soya alrededor de sus tierras nativas, pero siguen siendo mucho más vulnerables al virus porque carecen de la memoria inmunológica que suelen tener otras personas”, dijo Luiz Penha, un biólogo de la tribu Tukano en el estado de Amazonas que está siguiendo la campaña de vacunación en la zona.
Miles de grupos indígenas esperan actualmente la demarcación de sus territorios, un proceso tradicionalmente lento en Brasil. Se ha paralizado por completo durante el actual gobierno, ya que Bolsonaro centra sus esfuerzos en levantar las restricciones al desarrollo en tierras que habían sido destinadas a la preservación y a convertirse en territorios tribales.
Por ejemplo, su administración dio luz verde a cientos de ranchos de ganado que habían estado operando ilegalmente en tierras tribales que han estado esperando protecciones durante años. Su administración también está trabajando para suspender el uso de un mecanismo de protección que otorga temporalmente el estatus de tierra nativa a los territorios que no han completado el proceso de demarcación. Este mecanismo se utiliza actualmente en siete territorios en los que se han observado tribus no contactadas, pero las protecciones expirarán a finales de este año y el siguiente. Los activistas temen que el gobierno no las renueve, dijo Sarah Shenker, coordinadora de la campaña de tribus no contactadas de Survival International.
“Si se eliminan estas protecciones, estos últimos grupos de pueblos no contactados estarán en peligro, especialmente si el COVID sigue fuera de control en Brasil, lo que es una posibilidad real”, comentó.
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