En enero de 1990, un líder latinoamericano que alguna vez fue poderoso se presentó ante un juez de Miami para enfrentar acusaciones de que había recibido $4.6 millones en sobornos, a cambio de permitir que los carteles colombianos usaran su país para traficar cocaína.
POR JIM WYSS Y NORA GÁMEZ TORRES/NUEVO HERALD
Aquel hombre fue el general Manuel Antonio Noriega, el ex gobernante militar de Panamá. Y esa audiencia marcó la primera vez que un tribunal de Estados Unidos presentó cargos contra un jefe de estado en funciones.
El jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos volvió a hacer historia, al acusar al líder venezolano Nicolás Maduro y algunos de sus aliados más cercanos de cooperar con la guerrilla colombiana para convertir a Venezuela en un refugio seguro para el narcotráfico.
En el caso de Noriega, solo se enfrentó a la justicia después de que el ejército estadounidense invadió Panamá en 1989. El derrocado líder pasaría el resto de los días en prisión y moriría bajo custodia en Panamá en 2017.
Pero llevar a Maduro ante la justicia es aún menos probable, opinan varios expertos.
El líder de 57 años aún tiene algún apoyo popular y, sobre todo, continúa disfrutando del respaldo del mando superior del ejército venezolano. El ministro de defensa del país, Vladimir Padrino López, es uno de los funcionarios incluidos en la acusación del jueves.
“No veo la posibilidad de una acción militar similar a la invasión de Panamá en 1989, que resultó en la captura de Manuel Noriega; hay mucho menos interés nacional en destituir a Maduro que en destituir a Noriega ”, dijo en un comunicado Lawrence Gumbiner, consultor internacional en Colombia y ex diplomático estadounidense.
El gesto le servirá a la administración para “darse golpes de pecho”, dijo Gumbiner, pero tiene “que ver más con la política electoral en los Estados Unidos, particularmente en la Florida, que con generar un cambio significativo en Venezuela”.
Eric Farnsworth, vicepresidente de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas en Washington, D.C., trabajó en la oficina que atiende a Panamá en el Departamento de Estado justo después de la operación militar contra Noriega.
Para Farnsworth, la repetición de una acción de ese tipo es poco probable, aunque la administración de Trump nunca ha descartado las opciones militares contra Maduro.
“El hecho de que alguien esté bajo acusación no significa necesariamente que la policía vaya y los detenga”, dijo.
En una señal de que Maduro probablemente está seguro en casa, el gobierno estadounidense está ofreciendo una recompensa de $15 millones a cualquiera que brinde información que ayude a su captura.
¿ADVERTENCIA DE GOLPE?
Maduro no abordó directamente las acusaciones del jueves, pero pasó esta semana advirtiendo a la nación que Washington y sus aliados en Colombia conspiraban para intentar lanzar un golpe de estado en medio de la crisis generada por el coronavirus.
“Ratifico mi denuncia!,” escribió Maduro el jueves. “Desde EE.UU. y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia que se nos presente.”
Horas antes de que se revelaran los cargos por narcotráfico contra él, Diosdado Cabello, el jefe de la paralela Asamblea Nacional Constituyente, sugirió que se avecinaba una nueva provocación.
“Los enemigos internos y externos pretenden aprovecharse de la situación mundial para atacar nuestra Patria,” escribió en Twitter. “Aquí los esperamos, moral en alto. Nosotros Venceremos.”
El jueves en la tarde, la oficina del Fiscal General de Venezuela dijo que estaba abriendo una investigación sobre el rival de Maduro, Juan Guaidó, y un ex general, Cliver Alcalá, por planear un golpe. Alcalá, exiliado en Colombia, también fue nombrado en la acusación del jueves.
El núcleo del caso judicial presentado por los Estados Unidos es que el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, ordenó a sus aliados de confianza en el 2005 que se hicieran cargo del tráfico de drogas en el país. Según un testigo no identificado que cooperó con la fiscalía estadounidense, Chávez también les dio instrucciones de ayudar al grupo guerrillero más grande del hemisferio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el testigo, Chávez dijo que Venezuela, una nación rica en petróleo, necesitaba involucrarse en el narcotráfico para ayudar a las FARC, una organización de izquierda, a apoderarse de Colombia y dañar a Estados Unidos.
Esa acusación no ha convencido a todos.
“El gobierno de EEUU necesitaba demostrar que se trataba de un caso resuelto, y no lo hizo”, dijo Geoff Ramsey, analista de la Oficina de Washington para América Latina. “La evidencia que presentaron contra Maduro sugiere que esto tiene que ver más con la política que con las drogas”.
Mientras que el fiscal general William Barr afirmó que Maduro estaba tratando de “inundar” a los Estados Unidos con cocaína, los datos del gobierno del propio gobierno estadounidense muestran que Venezuela no es una ruta principal para la cocaína con destino a los Estados Unidos, dijo Ramsey.
“Venezuela no está cerca de ser un país de tránsito primario para la cocaína con destino a Estados Unidos”, dijo. “Si el gobierno de EEUU quisiera abordar el flujo de cocaína, se centraría en la corrupción en lugares como Honduras y Guatemala, ambos gobiernos que la administración ha mimado en los últimos años”.
LUCHA POLÍTICA EN VENEZUELA
Las nuevas acusaciones se producen en medio de una profunda lucha de poder en Venezuela, donde Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional del país, está tratando de obligar a Maduro a dejar el cargo y celebrar nuevas elecciones.
Si bien Guaidó es considerado el líder legítimo del país por Estados Unidos y más de 50 países, tiene poco poder real en esa nación.
Washington ha ido incrementando las sanciones económicas contra Venezuela y la acusación del jueves forma parte de esa campaña de “máxima presión”, dijo Farnsworth.
Pero si el objetivo final de Washington es romper el estancamiento político y propiciar una transición en Venezuela, no está claro si la nueva acusación lo logrará.
“Es difícil decir si la acusación hace que un resultado negociado sea más o menos probable”, dijo Farnsworth. “Tuvimos una negociación con Noriega … por lo que se podría argumentar que [en el caso de Venezuela] esto realmente nos da otra herramienta para negociar, pero, al final del día, tomó una acción militar estadounidense en Panamá para deshacerse de él”.
En última instancia, la amenaza de arresto podría hacer que Maduro siga atrincherándose y se aleje aún más de posibles negociaciones, dijo Farnsworth.
Gumbiner, quien ocupó cargos de alto nivel en las embajadas de Estados Unidos en Cuba, Perú y Honduras, dijo que la acusación del jueves “hará poco para cambiar la situación en el terreno en Venezuela”.
“Refuerza el hecho bien conocido de que el gobierno venezolano ha participado y apoyado el narcotráfico, pero eso no creará el impulso político para amenazar el control que tiene Maduro”, dijo. “A menos que haya una transición en el gobierno que permita la captura y extradición de los acusados, una posibilidad poco probable en el futuro cercano, las posibilidades de que estas personas enfrenten a la justicia en los Estados Unidos son escasas”.
Con información del Nuevo Herald
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