Una investigación periodística denunció que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas colombianos crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10% de los recursos.
La Procuraduría General de Colombia aseguró este jueves que lleva a cabo 24 acciones disciplinarias por «presuntas irregularidades» en la aprobación y ejecución de unos fondos y regalías para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por el anterior Gobierno colombiano y las FARC.
«La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en proyectos, por cerca de 250 mil millones de pesos (unos 57,4 millones de dólares)», informó el Ministerio Público.
Esos proyectos hacían parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en municipios priorizados para el posconflicto, en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Acciones disciplinarias
La Procuraduría va a analizar 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz, un organismo que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los PDET, por más de 437 mil millones de pesos (más de 100 millones de dólares).
Este ente informó que «observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias».
Y adicionalmente, por otros hallazgos remitidos a la Contraloría, avanza otras 12 actuaciones disciplinarias «por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD – Paz» por parte de funcionarios de varios departamentos, incluidos de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Ministerio de Educación y varias gobernaciones y administraciones municipales.
El caso
La semana pasada, una investigación periodística denunció que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas colombianos crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10% de los recursos de un fondo destinado a proyectos de paz.
Según la investigación, Emilio Archila, que entonces presidía el OCAD Paz en su rol de consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, había recibido correos que denunciaban dicho entramado y que los involucrados estaban «extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) les den el ok».
A Archila lo convocaron a dar la información en su poder sobre este caso este viernes por la Fiscalía. En el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.
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