Al menos 522 personas que fueron secuestradas por la hoy desmovilizada guerrilla FARC murieron durante su cautiverio, informó este lunes la Procuraduría colombiana (Ministerio Público).
Durante una audiencia en la Justicia Especial de Paz (JEP) a la que comparecieron once exlíderes de las FARC, el procurador general, Fernando Carrillo, les pidió que den todos los datos al respecto para de ese modo saber qué sucedió con los secuestrados.
«La verdadera reparación a las víctimas de más de cinco décadas de guerra exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro», afirmó Carrillo.
Por eso, pidió que en sus declaraciones ante la JEP los comparecientes de las FARC «no se pueden quedar en simples relatos de casos».
«Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos», subrayó el procurador.
La entidad que dirige considera fundamental que se aporte «verdad detallada» sobre lo que ocurrió con las víctimas que murieron mientras estaban secuestradas además de esclarecer las motivaciones que existieron y «las condiciones de tiempo, modo y lugar del secuestro de estas víctimas y las circunstancias de su muerte».
Frente a ello, Carrillo hizo hincapié en la necesidad de «aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición».
«Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas», señala el informe de la Procuraduría.
Para la presentación de este informe, el Ministerio Público contrastó las bases de datos sobre secuestrados del grupo antisecuestro de la Policía y el Ejército (Gaula), la Fiscalía, el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como las organizaciones País Libre y Fondo de Libertad.
Durante la audiencia, el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como «Timochenko», reconoció la «responsabilidad colectiva, ética y política» por los secuestros cometidos.
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