Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha aclarado este jueves que el objetivo del organismo fuera sacar a Nicolás Maduro del poder este año. “El objetivo que podíamos tener en la OEA, y que quizá difiere con la estrategia que otros podían tener, era redemocratizar el país”, ha dicho en una rueda de prensa en Washington. Cerrando el año, Almagro califica de «positivos» los alcances y resultados obtenidos en dicho propósito «considerando la realidad venezolana». En enero se cumple un año desde Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela, reconocido como tal por más de 60 países, pero no ha materializado su plan: «cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres». Algo que sí ha conseguido la oposición al régimen de Maduro es que el embajador Gustavo Tarre, designado por Guaidó, tenga un puesto en el principal organismo de la región.
“Nuestra estrategia era que Venezuela no abandonara el sistema interamericano, que tuviera capacidades de representación de sus poderes democráticos y de aquellos que realizaban tareas de fortalecimiento institucional o de promoción de la democracia en el país”, explica Almagro, que en marzo opta por un segundo mandato frente a la OEA. Esta estrategia “no podía confundirse con una estrategia de sacar a Maduro. Yo creo que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro”. El trabajo del organismo se enfocó entonces, según el secretario general, en fortalecer las instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Tratar de generar condiciones para paliar y aliviar la crisis humanitaria y los efectos de la crisis migratoria.
Para el secretario general lo que mantiene a Maduro en el poder son seis pilares que “nunca han sido desafiados”: la presencia de más de 20.000 cubanos en Venezuela; la financiación ilegal que recibe el Ejército de Liberación Nacional —la mayor organización guerrillera que opera hoy en Colombia—; la presencia de los disidentes de las FARC; los fondos que obtiene la Hezbolá e Irán del narcotráfico en el país caribeño; los carteles de drogas; y el propio aparato represivo que opera en el régimen. En el listado no menciona a China, el gran acreedor de Venezuela. Le ha prestado a Caracas cerca de 62.000 millones de dólares (unos 54.000 millones de euros) en la última década, según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston. “Ese es un tema del fracaso del propio sistema bolivariano. No tiene sentido trasladar la responsabilidad a nadie”, comenta el secretario general.
La razón por la que China o Rusia no figuran en el listado de los responsables de que el líder chavista no abandone Miraflores, explica Almagro, es que ambas potencias han “resuelto siempre muchísimas cosas negociando”. “Con ellos en algún momento siempre ha sido posible arreglar y es posible arreglar y resolver. Son países propositivos para alcanzar soluciones porque les interesa que las cosas funcionen bien y les interesa ser parte de la solución. Los problemas son los otros pilares”.
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