Las sanciones tienen un objetivo. Presión contra los funcionarios, líderes y familiares del régimen de Nicolás Maduro. Hasta que el régimen ceda. Hasta que Maduro entregue el poder. El impacto inicial de las sanciones en la industria petrolera de Venezuela fue de desconcierto. Tanto en Petróleos de Venezuela, ya destruida por el chavismo hasta el punto de bajar la producción a niveles mínimos históricos, como en las multinacionales que operan en el país. ¿Pero qué está pasando ahora?
Juan Carlos Zapata / ALnavío
Lo primero que informa la fuente es que a PDVSA le cuesta recuperar su ritmo operativo. Petróleos de Venezuela, la que antes de la llegada del chavismo al poder era la quinta compañía petrolera del mundo, ya casi no saca petróleo. Pero Venezuela sigue produciendo poco más de 700.000 barriles diarios, y según PDVSA, en 2020 colocarán la producción por encima del millón. El volumen de los 700.000 se le atribuye fundamentalmente a empresas multinacionales que mantienen acuerdos de asociación con PDVSA, en proporción, 60% y 70% para PDVSA y 40% y 30% para aquellas. La realidad es que como PDVSA no aporta capital, no tiene personal calificado, no opera, el mérito es de la multinacional, llámese Chevron, o Rosneft, Repsol o Gazprom, que son las principales.
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Y estas empresas de pronto han comenzado a ganar plata. Hace unos meses no lo hacían. PDVSA y el régimen de Maduro han acordado un nuevo esquema operativo con el que se favorecen ambas partes. Y todo gracias a las sanciones. Porque PDVSA y Maduro han tenido que ceder, y dar concesiones. Para que las multinacionales produzcan más petróleo y le generen ingresos a PDVSA.
La verdad es que PDVSA venía siendo destruida, desde los tiempos de Hugo Chávez, proceso que culminó Maduro. Encontró la producción por encima de los 2.000.000 de barriles diarios y la llegó a poner en 600.000, y esos 600.000 sostenidos por el trabajo de las multinacionales. El ritmo de pérdida de producción de PDVSA fue más acelerado del que calcularon los expertos. De modo que la caída de la producción no puede atribuirse a las sanciones decretadas por el gobierno de Donald Trump.
Pero las sanciones avizoraban un escenario de incertidumbre para las multinacionales. El problema era cómo operar y vender petróleo en un país con un gobierno sancionado, incluyendo a la socia PDVSA y al propio Banco Central. Ello significa limitaciones financieras, tecnológicas, de carga, de comercialización, seguros. El punto es tan delicado que el propio gobierno de los Estados Unidos extendió licencias para que, por ejemplo, Chevron, ganara tiempo y planificara su retirada, lo cual no ha ocurrido y todo parece indicar que no ocurrirá, pues en Chevron, informó una fuente, se prepara un nuevo plan de inversiones que tiene como destino la Faja del Orinoco.
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