El plan de impunidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufre un nuevo revés. El Poder Judicial argentino ha venido demostrando en estos meses una sorprendente resistencia a la presión del poder político. El desarrollo de esta trama cada vez se parece más a la de su amigo de causa, y excolega, Lula da Silva, en Brasil.
Pedro Benítez –ALnavío
A un año y dos meses de la llegada la presidencia argentina de Alberto Fernández, el plan de impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner no va bien.
La clara victoria electoral en primera vuelta de octubre de 2019 de Fernández sobre el expresidente Mauricio Macri fue confeccionada por ella. Consciente de que con sólo el 30% del electorado que le es fiel no le daba para imponerse por sus propios medios en la justa electoral, buscó a un candidato que le permitiría atraer al peronismo moderado no kirchnerista y a los votantes descontentos con la gestión de Macri, pero que tampoco la querían.
Ese hombre fue Alberto Fernández, exjefe de gabinete de su fallecido marido, el también expresidente Néstor Kirchner. Así fue como la mayoría del bloque peronista depuso sus diferencias en una alianza antimacrista.
La jugada, en primera instancia, le salió perfecta. A lo largo de estos meses se fue evidenciando un reparto de tareas entre los dos. Uno gobernaría y la otra, desde la vicepresidencia de la nación, ejercería el poder político.
Detrás de esto había, obviamente, un acuerdo. Cristina Kirchner, como jefa del movimiento, le dio “sus votos” a Fernández, a cambio del poder político que le garantizase la impunidad. Para ella, su familia y su círculo más cercano, en los 10 procesos judiciales abiertos en su contra.
Desde el inicio de esta etapa dejó claro que se consideraba absuelta de toda imputación gracias al voto popular. Los años de denuncias en los medios de comunicación y los enredos judiciales habían culminado.
Así, por ejemplo, el 3 de diciembre de 2019, siendo aún vicepresidenta electa, desafió abiertamente al Tribunal Oral Federal N° 2 que la juzga por asociación ilícita y fraude en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. En esa ocasión no sólo se negó a responder a las preguntas de jueces y fiscales, sino que además acusó al tribunal de “lawfare” (guerra jurídica con fines políticos).
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