Las declaraciones de Cristina Gallach, secretaria de Asuntos Iberoamericanos de España, coinciden con la instalación de un nuevo CNE plural en Venezuela. Se abre paso una convergencia entre la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, y un sector de la oposición democrática venezolana, para impulsar una liberalización política concreta. La diplomacia española parece ser un actor esencial en este nuevo ejercicio de articulación, una arriesgada apuesta para acercarse a una solución pactada a la crisis.
Ysrrael Camero –ALnavío
La situación de estancamiento no beneficia la resolución de la crisis venezolana, mucho menos alimenta las posibilidades de una transición a la democracia, que luce lejana. El gobierno español, que reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó y desconoció los resultados de las parlamentarias del 6 de diciembre, envió a su secretaria de Estado para Asuntos Iberoamericanos, Cristina Gallach, a Venezuela, en un momento clave.
La solución electoral de la crisis venezolana es el mínimo común denominador entre todos los actores, desde las fuerzas democráticas internas, el gobierno de Estados Unidos, la diplomacia europea, hasta las voces de los aliados internacionales de Nicolás Maduro. Siendo el único punto donde convergen ambos lados del conflicto, es normal que sea el espacio donde puede avanzar una negociación, no sin resistencia, no sin legítima aprehensión, dado el carácter autoritario del régimen político.
El nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, con la incorporación en la junta directiva de personas no afines al chavismo, como Enrique Márquez y Roberto Picón, expresa un avance en un proceso de negociación que parece estarse llevando con mucha prudencia.
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