La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido del presidente, Daniel Ortega, aprobó este lunes la cadena perpetua contra quienes cometan “crímenes de odio”. Otra norma ambigua que se suma al armero legal que está tejiendo el sandinismo para neutralizar a la oposición de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
Daniel Gómez-ALnavío
Poco pudieron hacer los diputados opositores de Nicaragua para evitar que los 70 parlamentarios sandinistas aprobaran este lunes otra ley que se entiende como un ataque a las libertades y los derechos de quienes critican al gobierno de Daniel Ortega.
En esta ocasión, el Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobó una reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua contra aquellos que “cometan crímenes de odio”.
¿Y qué son los crímenes de odio?
En el texto jurídico se definen como “delitos graves en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
El documento también precisa que la ley debe ser aplicada como “una excepcionalidad”, y que la decisión quedará a criterio del gobierno de Daniel Ortega.
“La norma aprobada promueve una cultura de paz y no violencia”, dijo la diputada sandinista Irma Dávila.
“La ley contribuirá a la construcción de un marco jurídico preventivo porque va a disuadir a quienes asesinan mujeres y también reafirma que Nicaragua no quiere crímenes de odio”, agregó la también sandinista Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
“Un instrumento más para la represión”
Desde sectores críticos al gobierno, no obstante, tienen otro punto de vista.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, advirtió ante el diario La Prensa que la cadena perpetua contra crímenes de odio es “un instrumento más de represión para el pueblo”.
Sostuvo que las circunstancias para juzgar un crimen de odio “son ambiguas”. Confusas. De ahí que el principal temor sea que la cadena perpetua la use el gobierno para intimidar a opositores y críticos.
Por otro lado, aclaró que “una norma constitucional no se puede aplicar penalmente” siempre y cuando no se “reforme primero el Código Penal”.
En cualquier caso, insistió en que la ley “es un retroceso grave en materia penal” porque “profundiza la represión que se ejerce mediante el sistema penal en contra de los derechos humanos”.
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