El gobierno de Iván Duque presentó en el Congreso una reforma tributaria con la que pretende recaudar 6.200 millones de dólares, equivalente al 2% del PIB. La pandemia ha dejado en Colombia un hueco fiscal que quiere llenar con un nuevo sistema de impuestos, y mayores tasas de IVA. Esto último es lo que más ha molestado a los ciudadanos, que han salido a protestar en el pico de la pandemia. Pero su lista de reclamos va más allá.
Por Daniel Gómez – ALnavío
Para este jueves se espera otra movilización masiva en Colombia.
El Comité Nacional del Paro -el organismo que ha estado detrás de las manifestaciones ocurridas en el país desde finales de noviembre de 2019, cuando se vivieron varias jornadas de intensas protestas- avisó que regresarán a las calles, tal como hicieron este miércoles.
Las movilizaciones, masivas, comenzaron como respuesta al ajuste tributario presentado en el Congreso la semana pasada por el gobierno de Iván Duque. Una reforma que fundamentalmente afectará al precio de la cesta de la compra al subir el IVA.
Sin embargo, esto sólo fue el detonante.
“La ciudadanía reclama que el gobierno nacional deje la soberbia e indolencia, proteja efectivamente a los líderes y lideresas sociales, implemente el acuerdo de paz, fortalezca la atención en salud, acelere la vacunación, garantice la renta básica de un salario mínimo, la matrícula cero y el apoyo para las pequeñas empresas, y respete las garantías democráticas”, dijo el Comité Nacional del Paro un comunicado.
Esta batería de reclamos podría resumirse en tres:
El problema de Colombia con los líderes sociales
Colombia es el país de América Latina con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados. De 2016 en adelante, más de 400 líderes han sido víctimas de mafias y grupos armados, según la Fiscalía.
Otras instituciones colombianas como Cumbre Agraria, Indepaz y Marcha Patriótica, aseguran que más de 1.000 líderes han sido asesinados.
Aunque Duque y sus ministros han sido críticos contra los criminales, se han echado en falta medidas de protección por parte del gobierno, según advierten desde Naciones Unidas y Human Rights Watch (HRW).
“Es muy importante que las instituciones del Estado estén coordinadas para investigar y juzgar eficazmente todos los casos de asesinatos, amenazas y ataques contra defensoras y defensores, líderes y lideresas sociales en Colombia”, advirtió en febrero la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el país, Juliette de Rivero.
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