El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo este lunes en Quito que es necesario un «contrato social» con las poblaciones más vulnerables, especialmente los indígenas, que protagonizaron en 2022 violentas protestas en Ecuador.
AFP
«No veamos estas erupciones cíclicas de protestas como algo aislado. Lo que necesitamos es un contrato social, una renovación del contrato social con las poblaciones más vulnerables, incluida la población indígena», expresó Türk tras una visita oficial de dos días a Ecuador.
Las protestas contra el gobierno, que empezaron el 13 de junio pasado y dejaron seis muertos, obligaron al presidente de derecha Guillermo Lasso a reducir hasta en un 8% el precio de los combustibles.
Tras las manifestaciones, que se prolongaron por más de dos semanas, el gobierno y organizaciones indígenas sostuvieron diálogos, pero los nativos sostienen que los acuerdos alcanzados no se están cumpliendo.
El Alto Comisionado hizo énfasis en que la «desigualdad», agravada por los efectos de la pandemia de covid-19, «tiene muchas repercusiones especialmente para las personas más vulnerables en un país y eso incluye a las personas que están en situación de pobreza y que también a menudo son blanco fácil por ejemplo para el crimen transnacional».
En su visita a Ecuador, Türk mantuvo reuniones con Lasso y representantes de la Corte Constitucional, indígenas y organizaciones sociales.
Al ser consultado por la violencia en las cárceles ecuatorianas, que dejan más de 400 presos muertos desde 2021, Türk expresó que el mandatario está «comprometido a encontrar una solución».
Por su parte, Jan Jarab, representante regional para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, manifestó que el rol de la justicia en estos casos es vital.
«Es importante que no queden en la impunidad (las matanzas carcelarias), que se investigue debidamente en términos de las personas que cometieron el acto físico y de las personas que habrían ordenado estas masacres», señaló.
Tras matanzas en las penitenciarías, que según el gobierno responden a luchas de poder entre bandas criminales ligadas al narcotráfico, expertos de Naciones Unidas visitaron el país y expresaron su preocupación por la «grave situación» de los reclusorios, que llegaron a tener una sobrepoblación de un 30%.
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