En México, hay una agresión a un reportero cada 17 horas, una cifra que postula al país más violento para informar de todo América. Un total de 544 agresiones se produjeron contra la prensa en 2018. En 2019, fueron 609. Según las previsiones, la cifra aumentará en 2020.
De enero a junio de 2020, se documentó un aumento del 45% en las agresiones contra la prensa, pasando de 280 en 2019 a 406 a lo largo del año. Esos números posicionaron a México como el peor para los periodistas en la última década. Los estados más afectados son Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
Las estadísticas señalaron a 2019 como el año más violento desde que hay registros, tal y como informa la organización «Artículo 19», que defiende la libertad de prensa. Para la organización, su lema es: «Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Manipulación y acoso
Amenazas, intimidaciones, hostigamientos o bloqueos informativos y alteraciones de contenido son los delitos más frecuentes. Como dato preocupante, los ataques a mujeres periodistas pasaron de 56 a 111. Estas cifras demuestran el daño de la desinformación y el menoscabo de la libertad. Un total de 137 periodistas acreditados en el ejercicio de su profesión fueron eliminados, 126 hombres y 11 mujeres, desde el año 2000, informa «Artículo 19».
47 de esas muertes sucedieron durante el mandato de Enrique Peña Nieto y 17 con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Una desgraciada cifra que hace que la lista con el hoy dirigente supere en porcentaje al Gobierno previo.
Las noticias no son alentadoras para el gremio, como refleja la propuesta de reforma del Código Penal mexicano, que incluye la incorporación de delitos contra el honor cuyo contenido ambiguo podría socavar la libertad de expresión. El artículo 468 reza sancionar penalmente a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona, imputar a alguien un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito o perjuicio. Una ley que recuerda estrechamente a la propuesta de Podemos para la «prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital», aprobada en el Congreso de los Diputados de España este octubre. El comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó la necesaria derogación de la reforma mexicana, porque la pena de prisión no resulta adecuada ni proporcional a, por ejemplo, una calumnia.
Otro tipo de delitos penales parten de conceptos abiertos como «orden y paz pública», señala «Atículo 19». Por ejemplo, se pretende tipificar «toda manifestación o expresión dolosa hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, person–as físicas o morales, a la Nación mexicana».
Otros dispositivos son usados para acallar conciencias como «el instrumento desarrollado en Estados Unidos para salvaguardar los derechos de autor, conocido como »mecanismo de notificación y retirada», es utilizado extrajudicialmente para acallar la prensa crítica y el activismo en Latinoamérica», sostiene la organización.
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