Frente al control por los países ricos de las vacunas contra el covid-19 a expensas de los más pobres, Amnistía Internacional denunció el miércoles la incapacidad del mundo para cooperar contra la pandemia, una situación que llamó a corregir «inmediatamente».
AFP
En su informe 2020/2021, la oenegé hace un duro balance del año de la pandemia: un «sálvese quien pueda» generalizado que penaliza a los más vulnerables y agrava las desigualdades, al tiempo que aumenta la represión en algunos países so pretexto de la situación sanitaria.
«La pandemia ha arrojado luz sobre la incapacidad del mundo para cooperar de forma eficaz y equitativa», afirma en el preámbulo Agnès Callamard, nombrada nueva secretaria general de la oenegé de defensa de los derechos humanos a finales de marzo.
«Los países más ricos han establecido un casi monopolio sobre el abastecimiento de vacunas en el mundo, dejando que los países con menos recursos se enfrenten a las peores consecuencias para la salud y los derechos humanos, y por lo tanto a los mayores trastornos económicos y sociales», añadió.
Así, Amnistía pide «actuar inmediatamente para acelerar la producción y el suministro de vacunas para todos».
«Esta es la prueba más básica, aunque rudimentaria, de la capacidad del mundo para cooperar», añadió.
La desigualdad aumenta
Más de un año después de la aparición del coronavirus en China a finales de 2019, el mundo sigue luchando contra la pandemia, que ha matado al menos a 2,8 millones de personas y ha infectado oficialmente a unos 130 millones.
Lejos de suscitar una ola de solidaridad, el coronavirus ha aumentado las tensiones y se está ampliando la brecha en materia de vacunación.
Según un recuento de la AFP, la mitad de los 680 millones de dosis administradas en todo el mundo correspondieron a países de «renta alta» tal como los define el Banco Mundial (16% de la población del planeta), como Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, mientras que los países de «renta baja» (9% de la humanidad) sólo recibieron el 0,1% de las dosis.
La pandemia del covid-19, la peor que ha sufrido el planeta en más de un siglo, afecta ante todo a los países ricos. Tan solo Estados Unidos y Europa, con cerca de 75 millones de casos detectados, representan más de la mitad del total de contagios mundial.
Sin embargo, la enfermedad se ha propagado rápidamente a los países pobres.
Amnistía Internacional apoya iniciativas como la plataforma de intercambio (C-TAP) establecida por la OMS para compartir conocimientos técnicos, propiedad intelectual y datos.
La plataforma está todavía infrautilizada y podría utilizarse para encontrar nuevas capacidades de producción y ayudar a construir centros de fabricación adicionales, especialmente en América Latina, África y Asia, según la agencia de la ONU.
Represión y marginalización
Más allá de la desigualdad de las vacunas, Amnistía considera señala como prueba de este «sálvese quien pueda» la «irresponsabilidad grave» de China, que trató de censurar a los trabajadores sanitarios y a los periodistas que dieron la voz de alarma al principio de la pandemia, la decisión del entonces presidente estadounidense Donald Trump de sacar a su país de la OMS en medio de la crisis -luego revocada por su sucesor Joe Biden- o «medias insuficientes» como la suspensión parcial del servicio de la deuda de los países más pobres por parte del G20.
«La pandemia de covid-19 ha puesto de manifiesto, amplificando las desigualdades, la discriminación y la represión», resumió Callamard en una entrevista con la AFP.
«Nuestros gobiernos no han superado la prueba de 2020, nuestras instituciones internacionales no han aprobado el examen de 2020. ¿Qué van a hacer cuando nos llegue una pandemia mayor? (…) ¿Qué vamos a hacer cuando la crisis climática esté ahí frente a nosotros?», preguntó.
Marginando aún más a los que ya lo estaban, como las mujeres y los migrantes, el coronavirus también ha provocado un aumento de la represión y de las violaciones de los derechos humanos, denunció Amnistía.
La organización señala el aumento de las restricciones a la libertad de expresión en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Hungría, que tratan de silenciar las críticas a la gestión de la crisis tachándolas de «información falsa».
El informe también cita una escalada de violencia policial en Brasil y las protestas de #EndSARS en Nigeria reprimidas de forma violenta.
Acusa asimismo a algunos líderes de intentar «normalizar las medidas de emergencia autoritarias» introducidas para combatir el covid-19 e incluso de verlas como «una oportunidad para consolidar su propio poder».
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