La herida en Venezuela se hace más profunda con el paso de los años. Ya son 4,7 millones las personas que han tenido que emigrar del país durante los últimos cinco años debido a la crisis económica, política y social que se vive. De los que se han quedado, alrededor de 7 millones precisan de ayuda humanitaria y 6,8 millones sufren de desnutrición, revela el último informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, presentado el jueves en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social de Lima, Perú.
Para la exposición del reporte llegó a Perú, Carlos Lusverti, abogado, activista por los derechos humanos desde 1996 y representante de Amnistía Internacional en Venezuela, quien conversó con El Comercio para dar más detalles al respecto.
—Ha estado involucrado en el tema de derechos humanos desde que tenía 17 años, ¿cuánto han cambiado las cosas en todo este tiempo?
—La situación en Venezuela hay que verla por momentos. Incluso desde antes del cambio institucional que se dio en 1999 con la nueva Asamblea Constituyente el país tenía una serie de deficiencias en materia de derechos humanos. Algunas eran gravísimas, como deudas pendientes a casos que fueron conocidos y sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para mencionar los más (conocidos): el Caracazo, la Masacre de El Amparo y la Masacre del Retén de Catia. Son situaciones que incluso hoy en día permanecen impunes. En el año 1999, con la nueva Constitución, se incluyen una serie de medidas y reformas con los que mucha gente esperaba que progresara la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, el reconocimiento de una serie de derechos que habían tenido un desarrollo incipiente con la Constitución anterior. Sin embargo, si miramos al 2020, vemos que muchas cosas recogidas en la Constitución de 1999 están en condición de incumplimiento igual o peor que con la anterior.
—¿Por ejemplo?
—La Constitución de 1999 recogió muchos reclamos y expectativas de organizaciones civiles que actuaban en mecanismos internacionales de protección como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana o las Naciones Unidas. Esto estuvo recogido en artículos importantes como el famoso 23, el 22 o los artículos 30 y 31, que reconocen la posibilidad del acceso a mecanismos internacionales de protección. Veinte años después vemos cómo en Venezuela se persiguen a las personas u organizaciones que defienden los derechos humanos, se les acusa de desestabilizar al país. En esta misma lógica, y parece un poco irónico, vemos que conforme se ha desarrollado un músculo de sociedad civil muy importante en materia de reclamos, en esa misma lógica las autoridades han sido cada vez más resistentes al respeto del derecho al escrutinio público y la participación de la sociedad civil independiente.
—¿Cómo se enfrenta al asedio del régimen y cómo se llega a elaborar este tipo de informes?
—La situación para los defensores de derechos humanos en Venezuela es sumamente compleja y delicada. Desde campañas de estigmatización, señalamientos de altos funcionarios del gobierno como el propio Nicolás Maduro, el presidente de la asamblea nacional constituyente u otros ministros que han señalado con nombre y apellido a activistas y organizaciones históricas. Esto va desde la descalificación por redes sociales o programas de televisión en el sistema nacional de medios públicos hasta casos más complejos como la detención de defensores y defensoras de derechos. Un informe así se realiza con muchísima complejidad, porque requiere data del Estado. El problema es que el Estado venezolano ha venido haciéndose cada vez más cerrado al escrutinio público. Es irónico porque la Constitución tiene un marco que reconoce el derecho a la participación y acceso de información, pero las negativas reiteradas de los funcionarios a rendir cuentas sobre su gestión no la practican. Lo que siempre decimos a las autoridades es que no estamos enfrentadas al gobierno, sino que nuestro trabajo es señalar las debilidades en materia de derechos humanos que pueden tener las políticas públicas que se están implementando. Otro caso gravísimo son las ejecuciones extrajudiciales o presuntas ejecuciones extrajudiciales.
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