Los indígenas afectados por derrames de petróleo en la Amazonía y procesados judicialmente por reclamar una reparación, la violencia en las cárceles y los derechos de las mujeres son los principales episodios de Ecuador recogidos por Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.
En el capítulo sobre Ecuador, AI asegura que «se negó el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a los pueblos indígenas» afectados por un derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 en la Amazonía.
Se refirió al vertido que produjo en un afluente amazónico la rotura de dos grandes oleoductos por el corrimiento de tierras producido por un proceso de erosión regresiva en la zona del volcán Reventador.
Los indígenas demandaron, con protestas, la reparación integral de las zonas afectadas por el derrame, especialmente las fuentes de agua y la contaminación en los ríos Coca y Napo.
Además, el informe precisa que al terminar 2021, las autoridades ecuatorianas no habían diseñado ni aplicado una política nacional para la protección de los defensores de derechos humanos en peligro.
Varios de ellos, como Carlos Jipa, María Espinosa, Vivian Idrovo y Xavier Solís, fueron procesados por, supuestamente, haber puesto en peligro la integridad de un juez, que había rechazado una petición de medidas cautelares presentada por los acusados en nombre de las comunidades afectadas por el derrame petrolero.
LA CRISIS CARCELARIA Y LA INACCIÓN ESTATAL
En otro tema, AI mencionó en su informe que, al finalizar 2020, al menos 316 reos habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados dentro de las cárceles, en varios episodios que sacudieron la conciencia nacional por la crueldad de los asesinatos.
Del total de asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas, 79 habían tenido lugar el 26 de febrero de 2021; 119 el 28 de septiembre, y 62 entre el 12 y 13 de noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendría relación con carteles de la droga de Colombia y México.
El proceso para superar la crisis carcelaria y emprender una transformación del sistema penitenciario aún no ha tenido resultados, lo que preocupa a la ciudadanía que teme que la violencia en las prisiones se extienda a las calles.
«Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa», remarcó por su parte Amnistía Internacional.
DERECHO AL ABORTO POR VIOLACIÓN
El informe recordó que en abril pasado, y tras intensas campañas llevadas a cabo por grupos feministas, que incluyeron manifestaciones callejeras, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en el supuesto de que el embarazo fuera resultado de violación.
Ese proceso continúa, luego de que el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, vetara parcialmente una ley aprobada en la Asamblea Nacional (Parlamento) para regular sobre la materia.
Los grupos feministas consideran al veto presidencial como regresivo en derechos y han advertido con llevar el debate nuevamente a la calle si la Asamblea acoge las enmiendas del Gobierno.
La Asamblea se apresta a definir la polémica y podría allanarse al veto presidencial o ratificar la ley aprobada en la Cámara, que goza del apoyo coyuntural del colectivo feminista y de defensores de los derechos humanos.
2021 FUE AÑO ELECTORAL Y DE VACUNACIÓN
En su informe, AI recordó también que 2021 fue un año electoral en Ecuador y que en mayo el presidente Lasso tomó posesión del cargo, en sustitución de Lenín Moreno, tras vencer en una segunda ronda de comicios a Andrés Arauz, considerado alfil del expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017).
Asimismo, destacó que para finales de 2021, la mayoría de la población ecuatoriana tenía la pauta completa de la vacuna contra la covid-19.
Recordó, además, que al concluir el año, ninguno de los agentes involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos en las duras manifestaciones de octubre de 2019 había sido acusado ni procesado. EFE
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