La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres tiene un nuevo reto en Argentina, donde la Cámara de Diputados debate un proyecto con el que se busca legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, medida que no está generalizada en la mayoría de los países de Latinoamérica.
EFE
De aprobarse la iniciativa del Gobierno argentino, toda gestante podrá acceder al aborto en ese plazo legal en el sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento.
En el caso de las menores de edad, las de menos de 13 años podrán hacerlo mediante su consentimiento informado con la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.
En América Latina, solo Cuba y Uruguay tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo y, además, cuentan con políticas de prevención y seguimiento de la salud reproductiva de las mujeres.
En la otra cara de la moneda están otros países que por falta de políticas saludables o por una legislación restrictiva provocan una situación dramática en la vida de muchas mujeres. Por ello según distintos organismos, en Latinoamérica se registran de 6.000 a 10.000 muertes al año por abortos clandestinos.
LEGAL PERO SOLO EN DOS O TRES CASOS
En agosto de 2017, el Tribunal Constitucional de Chile avaló la legalidad del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.
En Ciudad de México y en Oaxaca se admite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en la mayoría por riesgo a la salud de la madre. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia rechazó un proyecto que por primera vez habría ordenado a un territorio, el de Veracruz, despenalizar el aborto.
En Brasil el aborto es legal solo en caso de violación o de peligro de muerte para la madre.
La normativa boliviana permite abortar solamente en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre o el feto.
El Código Penal de Panamá tipifica como ilegal el aborto, pero con excepciones en los casos de que el embarazo sea producto de una violación y si hay riesgo para la salud de la madre.
En Colombia no es delito interrumpir voluntariamente un embarazo en caso de violación, malformación del feto y cuando la madre o el niño corran peligro.
El aborto está permitido en Ecuador solo para cuando peligra la vida de la mujer como consecuencia del embarazo o como producto de la violación a una persona con discapacidad mental.
El Código Penal de Costa Rica señala que no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios.
En Perú sólo es legal el aborto en el caso de que la vida de la madre esté en peligro, al igual que en Venezuela, que, sin embargo, castiga otra opción con seis meses a dos años de cárcel.
En Paraguay, el aborto y su tentativa se encuentran penalizados, con una condena de hasta cinco años y solo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay riesgo de vida para la madre.
CASTIGO CON CÁRCEL
El aborto en El Salvador está penalizado en todos los supuestos, la ley establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique una interrupción del embarazo, aunque se han dado casos en los que la condena ha sido de 40 años, al ser considerado un homicidio.
El interrupción del embarazo está penalizado en Nicaragua desde 2006 y en 2017 la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.
El aborto está prohibido en Guatemala y se penaliza desde un año hasta los 12 años de prisión.
En Honduras no está permitido el aborto y varias iniciativas para la despenalización no han tenido eco entre los diputados.
Las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, que está prohibido en el país, frustró la aprobación de un nuevo Código Penal que lleva años discutiéndose.
La prohibición total del aborto también rige en Haití y Surinam.
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