Yatziri Misael Cardona Zavala acababa de cumplir los 16 años cuando se lo llevaron. El 22 de diciembre festejó en casa con la familia. El 23, hombres armados irrumpieron en el domicilio de León, Guanajuato, y lo capturaron. No han vuelto a saber nada de él.
«Entraron unas personas armadas. Él no salió por su propia voluntad, de aquí se lo llevaron», dice su madre, María del Rosario Zavala Aguilar, de 44 años.
Su relato es desolador. Aquella noche, sobre las 2 de la madrugada, varias personas con fusiles se apostaron al exterior de la casa. Entraron, apuntaron a todo el que se movía y levantaron al más pequeño entre gritos y amenazas. Su padre, que estaba en el piso de arriba, les lanzó dos ladrillos de pura impotencia. Solo consiguió que rafagueasen la casa en su retirada.
«No hay ningún día en que no le llore a m’ijo. Veo su foto, lloro y pido a mi padre dios que me lo devuelvan», afirma Zavala Aguilar, rota de dolor. Explica que ella estuvo en prisión hace ocho años por vender droga, pero que ya saldó sus cuentas con la justicia. Se queja de que las instituciones se preocupan más de investigarla a ella que de buscar a su hijo.
La tesis de los investigadores: el secuestro fue una venganza porque se negó a regresar al negocio de los narcóticos. «Tu hijo está enterrado en ácido», le llegó a decir uno de los policías.
Las desapariciones son uno de los rostros del drama de Guanajuato, el estado convertido en capital de la violencia en México.
En la primera mitad del año 1.691 personas fueron asesinadas en Guanajuato. En todo el país el número de homicidios llegó a 14.554 hasta el 30 de junio. Solo el año pasado, el primero con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, se superaron las 35.000 muertes violentas en México. La violencia está desatada desde 2006, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, declaró la llamada «guerra contra el narcotráfico».
Guanajuato es el estado con mayor número de crímenes y el cuarto en relación a su población. Su tasa de homicidios está en 75 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una tasa de 10 muertes violentas por cada 100.000 se considera pandemia. Así que para que Guanajuato no fuese considerado un estado enfermo debería matarse siete veces menos.
La violencia desmedida tiene su origen en la guerra entre estructuras criminales que se enfrentan desde hace al menos tres años. Por un lado, el Cartel Santa Rosa de Lima, un grupo local que históricamente estuvo dedicado al robo de combustible pero que amplió sus operaciones a la droga, la extorsión y la trata. Su líder, José Antonio Yepes Ortiz, ‘El Marro’, fue detenido en la madrugada del domingo con varios de sus lugartenientes. Por otro lado, está el Cartel Jalisco Nueva Generación, una escisión del cartel de Sinaloa y que es considerado la principal organización delictiva de México. Recientemente hizo una exhibición de fuerza mostrando a decenas de hombres armados y equipados con material militar que proclamaban su lealtad a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.
En los últimos años, la población se ha acostumbrado a los tiroteos, los cuerpos que se encuentran en bolsas de plástico o las desapariciones. Lo sabe bien Verónica Durán Lara, de 57 años y de Irapuato, uno de los municipios más golpeados. Su hijo Daniel Alfonso fue encontrado muerto junto a otro amigo en enero de 2017. Estaba atado de pies y manos y con un balazo en la cabeza. Dos años después la tragedia volvió a perseguir a la familia. Iván Arturo, de 18 años, fue secuestrado por hombres armados cuando acudió a comprar tacos cerca de casa.
«Me quitaron mucha parte de mi vida. No he podido ni poquito sentir felicidad», explica. Para ella, la muerte de un hijo fue muy dolorosa, pero todavía es peor no saber qué ocurrió con el otro. «No como, porque no sé si él esté comiendo. No duermo, porque cómo voy a estar en una cama y él pueda estar en el suelo o pasando frío», asegura.
La reciente detención de ‘El Marro’ va a tener su influencia en la guerra. Aunque todavía es pronto para saber cómo. Por el momento, el domingo no hubo bloqueos de carreteras ni acciones armadas como represalia.
«El panorama cambia de manera diametral. Hasta ahora, gobierno federal y estatal embestían contra ambos carteles. Golpeaban a uno, luego al otro. Tras esta embestida, la actividad policial se va a centrar en la zona controlada por el Cartel de Santa Rosa de Lima», considera David Saucedo, asesor de Seguridad en Guanajuato.
En opinión del experto, a la caída de un líder criminal suelen sucederle períodos de incremento de la violencia. En primer lugar, por los previsibles enfrentamientos entre los posibles sucesores. En segundo, porque es de esperar que sus rivales de Jalisco traten de aprovechar la situación.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los grupos delictivos están detrás del 70% de los asesinatos de Guanajuato. En medio quedan las víctimas, hombres y mujeres que perdieron la vida a consecuencia de una guerra por el control del territorio.
El 1 de julio tuvo lugar una de las últimas atrocidades. Tres hombres armados entraron en un centro de rehabilitación para drogadictos en Irapuato. Buscaban a un hombre, pero al no encontrarlo dispararon contra todos los que se encontraban allí. Un total de 28 personas fueron asesinadas. Entre ellas se encontraban los hermanos Omar Regalado Santoyo, de 39 años; Hugo Cristian, de 30; y Giovanni, de 27. Su madre, Rosa Alba Santoyo Soria, lleva en shock desde entonces. «No entiendo nada. El lugar estaba bien. Mis hijos estaban bien. Ahora ya se han ido a dormir y nos quedamos nosotros», dice, desolada.
Las autoridades aseguran que la masacre se perpetró por orden de ‘El Marro’, que considera estos centros como lugares de reclutamiento y venta del CJNG. A Santoyo Soria le da igual quién los matase. Para ella lo importante es que ya no volverá a ver a tres de sus siete hijos y maldice el día en el que les dijo que se encerrasen en el centro para desintoxicarse porque quería «hombres de provecho».
Nadie sabe qué puede ocurrir en los próximos meses. Por ahora, Guanajuato sobrevive marcado por la violencia extrema.
Alberto Pradilla, desde Irapuato (Guanajuato)
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