Transparencia Internacional en América Latina presentaron el informe sobre las denuncias en torno al presunto manejo irregular de los recursos utilizados en la asistencia de los funcionarios policiales y militares venezolanos, que cruzaron la frontera hacia Colombia el pasado 23 de febrero y días sucesivos, así reseñó transparencia.org.ve
Se trata de una veeduría ciudadana en la que se deja claro que aun en medio de la emergencia son esenciales los mecanismos de control y transparencia en resguardo del patrimonio público.
Estas consideraciones se presentan a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de Colombia, que es el órgano competente para esclarecer y suministrar información verificada sobre estos hechos.
Estas son las conclusiones del informe de Transparencia Internacional:
– «De la revisión del material recabado se desprende que la denuncia publicada en @PanAmPost_es parte de una falsa premisa al atribuir competencias sobre el manejo de la AH a personas que solo tenían a su cargo asistencia de militares/policías».
– «No se obtuvo evidencia de que Rossana Barrera y Kevin Rojas, que pasaron a desempeñar funciones públicas, hayan tenido relación con la ayuda humanitaria en especie que llegó a Colombia.»
– «Se entienden las dificultades y limitaciones de los entes creados por el Gobierno interino, estos obstáculos no anulan lo establecido en la Constitución, que exige aplicar criterios de transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de los fondos»
– «Las denuncias sobre discrepancias en el pago de los hoteles y otros gastos deben ser analizadas por las autoridades colombianas, debido a que son las competentes para determinar si existió irregularidad.»
– «Se requiere diseñar y aprobar un procedimiento con instituciones autónomas encargadas de garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de control de lo público, que permitan rendir con detalle el uso y destino de cada elemento público.»
– «Es urgente designar un contralor especial y un equipo que goce de autonomía funcional e independencia administrativa, para vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos de Venezuela en el exterior.»
Con información de transparencia.org.ve
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