Los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní se encuentran alojados en el hotel de Canning, con su documentación personal retenida y con una prohibición de salida del país dictada por el juez federal Federico Villena. Mientras tanto, la Justicia avanzó en el chequeo de los pasaportes, la información obtenida de las bases de datos y el cotejo de huellas dactilares.
Por Clarín
Para el Gobierno nacional, los primeros datos no arrojan un vínculo del piloto con Fuerza Quds. La Justicia, sin embargo, aún no descarta la conexión y se esperan informes de inteligencia.
La Dirección Nacional de Migraciones, responsable de controlar únicamente el ingreso y egreso de las personas al país, remitió al juzgado de Lomas de Zamora- con jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza- la información correspondiente a los cinco iraníes que arribaron al país en el avión de carga Boeing 747.
Las autoridades nacionales tenían hace días retenidos los pasaportes de los ciudadanos iraníes. Después de emitida la orden de prohibición de salida del país, fueron entregados al juzgado de Lomas de Zamora junto a una cantidad de datos sobre los controles efectuados sobre toda la tripulación.
El avión tiene en la actualidad bandera venezolana, bajo el nombre de la empresa Emtrasur, con sede en Caracas. La subsidiaria de la firma estatal registró la aeronave como parte de su flota el 23 de enero pasado. Pero antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air. Según los Estados Unidos, Mahan Air sería un brazo operativo de la fuerza Quds, a la que consideran un grupo terrorista.
Es uno de los ejes centrales por los cuales, después de la denuncia de realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), se abrió la investigación, es decir: poder determinar si algunos de los tripulantes iraníes tiene vínculos con organizaciones terroristas.
“El nombre más interesante en el avión venezolano (YV3531) es Gholamreza Ghasemi dado que coincide con el nombre de miembro del Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y administrador de Fars Air Qeshm, aerolínea iraní que usa 747 para traficar armas a grupos terroristas», señaló en la denuncia la DAIA.
En base a esa presentación es que la fiscal Incardona impulsó la acción penal y solicitó una serie de medidas al juzgado tendientes a esclarecer la existencia o no, de alguna relación con la organización denominada Fuerza Quds.
La sospecha sobre una posible conexión también fue puesta de manifiesto por los diputados opositores encabezados por Ricardo López Murphy, quienes hablaron de la posible vinculación entre uno de los tripulantes iraníes con la Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar.
Cuando el juez Villena prohibió la salida del país de los cinco iraníes (como también de los ciudadanos venezolanos), ordenó a Migraciones que remita a su juzgado toda la información al respecto.
Los primeros informes se pidieron sobre Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y Abdolbaset Mohammadi.
Al analizar la documentación un dato llamó la atención: el piloto Gholamreza Ghasemi. La primera información por sistema es que tendría alguna vinculación con la Fuerza Quds, tal cual habían consignado los denunciantes. Sobre este punto, la fiscal Incardona pidió una batería de medidas para echar luz sobre un asunto que fuentes judiciales calificaron de «delicado» aún.
Sin embargo, fuentes del Gobierno se posicionan en otra lectura de la documentación. Señalaron a Clarín que «en el cotejo de huellas dactilares y la documentación, el piloto es quien dice ser, es decir, no hay pasaportes fraguados y sería sólo el accionista de Mahan Air SA sin vínculos con organizaciones terroristas».
¿En base a qué sustentan esto? Un primer cruce de datos, las huellas dactilares, los pasaportes escaneados y chequeados con una mayor fuentes de datos, incluso internacionales.
Lo que sostienen fuentes de la investigación es que allí no se acaba el entrecruzamiento de datos para descartar cualquier posible vinculación con Fuerza Quds, organización considerada por los Estados Unidos como terrorista.
«Aún no se descarta nada y no se cuenta con toda la documentación para concluir al respecto», replicaron fuentes judiciales a Clarín sobre este punto. La justicia federal que tomó las huellas dactilares de la tripulación, realiza un primer cotejo en base a la información que la Dirección Nacional de Migraciones remitió.
Pero hay una instancia más compleja: informes de inteligencia y cotejar esa información con bases extranjeras especializadas en organizaciones terroristas. «Las identidades deben ser seriamente contrastadas porque muchos viajan con pasaportes diplomáticos y eso no puede ignorarse», señaló una fuente allegada al expediente.
Hay otro dato: para la inteligencia de Paraguay, según señalaron, el piloto Gholamreza Ghasemi, estaría vinculado a «entidades designadas, sancionadas, ilícitas que están ayudando al régimen iraní en actividades terroristas», señala la ficha.
Para el Gobierno argentino no se trata de la misma persona, sino que un homónimo que en «el entrecruzamiento de las diversas bases de datos aparecían dos personas con el mismo nombre, un documento de identidad distinto y diez años de edad de diferencia», indicaron a Clarín.
Lo cierto es que en el marco del expediente no abrazan aún esa tesis como absoluta, entienden que determinar posibles vínculos con organizaciones terroristas es una «tarea por demás compleja», y que a estas alturas con sólo 48 horas desde que se abrió la investigación penal, no es momento para desechar ninguna hipótesis.
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