La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido este martes de la desigualdad «impactante» causada por la pandemia de la COVID-19, que ha afectado a las personas más vulnerables del mundo.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet ha apelado a una mayor solidaridad en la vacunación contra el coronavirus y a la recuperación económica impulsada por los Derechos Humanos.
En este sentido, ha lamentado la «incapacidad» de los países para defender las libertades fundamentales, entre ellas la justicia, la educación, la vivienda o el trabajo, lo que ha «socavado la capacidad de recuperación de las personas y los Estados».
Esto ha expuesto a las personas a un «choque médico, económico y social», que, por ejemplo, ha empujado a entre 119 y 124 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, según ha alertado Bachelet de acuerdo a datos de la Organización de la ONU para Agricultura y Alimentación (FAO), que informó que la inseguridad alimentaria aumentó a 2.380 millones de personas, una cifra sin precedentes.
La también expresidenta de Chile ha criticado que se «están revirtiendo avances vitales», también en áreas como la igualdad de género o los derechos de grupos étnicos y religiosos minoritarios o pueblos indígenas.
«Las grietas en el tejido social de nuestras sociedades son cada vez más amplias (…) con enormes brechas entre los países ricos y los más pobres que son cada vez más desesperantes y más letales», ha añadido.
Por ello, ha insistido en que se debe «garantizar que los planes de recuperación económica de los Estados se construyen sobre la base de los Derechos Humanos y en consulta significativa con la sociedad civil».
En cuanto a la cuestión de la flagrante escasez de vacunas y terapias contra el coronavirus en muchos países en desarrollo, ha instado a los Estados a «actuar juntos» y «de forma solidaria» para distribuir las vacunas.
PUEBLOS INDÍGENAS
Por otro lado, en un debate relacionado en el foro de Ginebra, se ha subrayado que los niños indígenas y los discapacitados siguen siendo especialmente afectados por la crisis de la COVID-19.
La subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, ha manifestado, en este sentido, que las mujeres indígenas y los ancianos se han visto también muy afectados.
La pandemia ha «expuesto y exacerbado» las desigualdades y el racismo sistémico al que se enfrentan, ha afeado Kehris, para agregar que muchos indígenas han muerto en medio de un «acceso desigual a la atención sanitaria de calidad».
Asimismo, ha señalado que la pandemia también ha afectado a la resistencia de las lenguas indígenas y a los conocimientos tradicionales, al tiempo que ha expresado su preocupación por «no dejar a nadie atrás».
El relator especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, ha manifestado, por su parte, su preocupación por el hecho de que los esfuerzos de recuperación tras la pandemia por parte de muchos Estados siguieran teniendo «impactos negativos» en los pueblos indígenas.
«Las medidas nacionales para detener la pandemia se están aplicando a los territorios indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, y sin tener en cuenta las barreras sistémicas a las que se enfrentan los receptores», ha censurado, para detallar que algunas comunicas han establecido sus propias soluciones para superar la pandemia.
«En lugar de depender únicamente de la ayuda gubernamental, los pueblos indígenas están coordinando respuestas a nivel comunitario que incluyen la reconexión con el conocimiento científico y la gestión de redes humanitarias y de ayuda mutua. Los Estados deben cumplir su obligación de prestar apoyo a los planes de protección elaborados por los pueblos indígenas de forma autónoma», ha zanjado.
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