El Gobierno interino de Bolivia facilitará el ingreso de niños y adolescentes venezolanos indocumentados a su territorio, para preservar la unidad de las familias y evitar que los menores estén expuestos a situaciones de riesgo como la trata y tráfico de personas.
Una disposición aprobada recientemente en una reunión del Consejo Nacional de Migración permitirá que los menores venezolanos sin cédula de identidad o pasaporte puedan ingresar de forma regular a Bolivia con su certificado de nacimiento, explicó este jueves a Efe la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz.
Además del certificado, será necesaria «una declaración jurada de los padres respecto a la relación de filiación», indicó Cruz.
LOS ANTECEDENTES
La Defensoría del Pueblo abrió el año pasado unidades de Movilidad Humana en la localidad de Desaguadero, fronteriza con Perú, y en su oficina central en La Paz, para asistir a bolivianos residentes en el exterior y también a inmigrantes de otras nacionalidades que ingresen al país, explicó Cruz.
La institución atendió unos 160 casos de extranjeros «respecto a su situación migratoria o solicitudes de refugio» en Bolivia, mayormente de familias venezolanas, según la funcionaria.
Dentro de ese trabajo, la Defensoría pudo evidenciar que muchos niños y adolescentes venezolanos que llegan a Bolivia no cuentan con cédula de identidad o pasaporte, «debido a que dentro del Estado venezolano no se otorga este tipo de documentos a esta población».
«Ellos se manejan simplemente con certificados de nacimiento, y obtener ese tipo de documentos resulta muy costoso para esta población o muy moroso de obtener en su Estado», detalló Cruz.
Se desconocen los datos oficiales sobre la cantidad de menores venezolanos en Bolivia, aunque la Defensoría estima que por cada pareja de adultos que llega al país «ingresan aproximadamente dos a tres niños y adolescentes», añadió.
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POBLACIÓN VULNERABLE
El no contar con los documentos requeridos para ingresar legalmente a Bolivia ha afectado a la seguridad de los menores y al «principio de unidad familiar», ya que en algunos casos «eran separados de sus padres o tenían limitaciones» para acceder a servicios de salud o educación dentro de Bolivia, señaló.
Para Cruz, la falta de estos documentos es una limitación que en muchos casos se da por causas que no se pueden atribuir a los mismos migrantes, sino que responden a determinaciones de sus propios Estados.
Pero es «peor aún» cuando los Estados receptores «no comprenden estas limitaciones y no generan políticas de favorabilidad o apertura para esta población», lamentó.
En cuanto al principio de unidad familiar, Cruz indicó que en algunos casos los padres podían ingresar de forma regular porque sí contaban con los documentos requeridos, pero los niños que no los tenían «automáticamente entraban como irregulares», quedando expuestos a la posibilidad de ser deportados.
Esto hacía que los padres «asuman otro tipo de medidas no regulares» para poder ingresar a territorio boliviano.
PROPUESTAS Y NECESIDADES
Ante esta situación, en la primera sesión del Consejo Nacional de Migración realizada en diciembre pasado, la Defensoría planteó esta problemática, con el antecedente de las experiencias de protección especial que tienen Argentina y Perú para estas poblaciones.
«En esa línea se ha podido avanzar en la última reunión que existió, para que la Dirección de Migración pueda emitir esta resolución que permite o posibilita una protección ampliada o un refuerzo a la protección que tiene esta población», dijo Cruz.
Al margen de la medida, la Defensora del Pueblo consideró importante no descuidar los controles en los puntos fronterizos «para evitar otro tipo de vulneraciones como la trata y tráfico de niños y adolescentes».
La funcionaria consideró que otros aspectos que se deberán atender a futuro son el acceso a educación y salud, en el último caso a través del sistema gratuito y universal vigente en el país, además de la posibilidad de repetir la amnistía que se dio hace unos años para que los inmigrantes regularicen su situación.
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