Un testigo considerado clave en la investigación del caso de corrupción relacionado con la adquisición de respiradores a una empresa española por parte de las autoridades bolivianas, Luis Fernando Humérez, ha revelado que fue secuestrado y amenazado para implicar al partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y evitar que salpicara a la presidenta Jeanine Áñez.
Humérez ha explicado que se preparó su declaración par «salvar» a Áñez de la denuncia e implicar en cambio al MAS y a altos cargos del Ministerio de Salud durante el gobierno del presidente Evo Morales. Todo apuntaba a «embarrar al MAS» y a «tapar actos raros», ha indicado.
En concreto ha asegurado que fue secuestrado en Cochabamba y obligado, bajo amenazas contra sus familiares, de implicar al MAS, al exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y a Walter Zuleta, según una entrevista telefónica concedida a Radio Fides.
«El 20 de mayo a mí me secuestran, me llevan a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) de Cochabamba, cuando yo estaba allá, en teoría me llevaron por el tema de la pandemia, pero fue otro el motivo. Se acercó un policía de civil, me dio los nombres completos de mis niñas que tienen ocho años, de mi hijo de ocho años (…) y también algunos datos precisos de mis hermanos, de mi padre y me dice: a buen entendedor pocas palabras, si no vas a declarar en el tema respiradores tu familia va a sufrir las consecuencias», ha relatado.
Entonces le «dieron el libreto» para que declarase sobre la compra de respiradores con precios inflados. Entre los implicados en esta acción estaría el director de la FELCC, el coronel Iván Rojas. «Me dice (el abogado), tranquilo, no le van a hacer nada a tu familia mientras sigas las instrucciones del coronel Rojas y de los fiscales. Los fiscales están metidos hasta el cuello en este contubernio», ha relatado.
La compra de 170 respiradores realizada por el Gobierno a la empresa española GPA Innova en el marco de la pandemia de coronavirus está siendo investigada por la Fiscalía boliviana.
La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) también se pronunció hace unos días sobre este tema y concluyó, en su informe, que hubo un «flagrante caso de corrupción» en la compra de los 170 respiradores españoles y 324 chinos.
El escándalo se destapó en mayo durante las medidas de cuarentena impuestas por el Gobierno con motivo de la pandemia. Según las denuncias, IME Consulting actuó como intermediaria en la adquisición de los respiradores a otra empresa española, GPA Innova, por los que el Gobierno boliviano pagó un sobrecoste, ya que le cobraron 27.000 dólares por cada uno cuando su precio de mercado era de unos 7.000.
Tras conocerse los hechos, el Gobierno de Jeanine Áñez optó por paralizar el contrato y a mediados de agosto, solicitó a GPA Innova la finalización del contrato y la devolución al Estado boliviano de los 2,2 millones dólares (1,8 millones de euros) que se pagaron por adelantado.
Por su parte, IME Consulting acusó al Gobierno boliviano de haber perdido los respiradores. «El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado», señaló el abogado de la empresa española, Ramiro Vega, a una radio local.
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