El primer ministro del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, rompió este martes su promesa electoral de no subir impuestos al dar a conocer un polémico incremento de los aportes a la seguridad social para financiar la delicada situación de la Sanidad y atajar la crisis en la asistencia social del país.
Johnson presentó hoy en la Cámara de los Comunes del Parlamento el denominado «impuesto social y de sanidad», con el que espera atender sobre todo las largas listas de espera que la pandemia de la covid-19 ha generado en la Sanidad pública (NHS, por sus siglas en inglés).
El líder conservador reconoció en la Cámara Baja, en medio de los abucheos de diputados de las distintas formaciones políticas del país, que el plan era contrario a las promesas que había hecho en su programa para los comicios generales de diciembre de 2019, pero dijo que la pandemia «no estaba en su plataforma electoral».
A finales de 2019, Johnson prometió no subir la contribución a la seguridad social, los impuestos sobre la renta o el IVA.
Sin embargo, en un intento por sanear las finanzas públicas, muy castigadas por las medidas de emergencia para paliar la pandemia, Johnson comunicó hoy que, a partir de abril de 2022, habrá un incremento del 1,25 % en los aportes a la seguridad social – que deben pagar tanto el empleado como el empleador-.
Esto permitirá una recaudación anual de 12.000 millones de libras (13.920 millones de euros), explicó Johnson, cuyo plan afecta a Inglaterra, aunque las otras regiones británicas -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- también recibirán ayuda procedente de este impuesto.
La actual cotización a la seguridad social varía de acuerdo con los sueldos de cada trabajador, pero el básico está situado en el 12 % para el empleado y el 13,8 % para el empleador.
La pandemia ha disparado la deuda acumulada del Reino Unido, al situarse cerca del 100 % del Producto Interior Bruto (PIB).
A través del actual sistema británico de atención a la dependencia, las personas de tercera edad sin recursos suficientes y que se ven imposibilitadas mental o físicamente pueden recibir ayudas para las tareas diarias, como comer, lavarse, vestirse o hacer la compra.
Muchos ancianos se ven obligados a recurrir a sus ahorros o a vender su vivienda para costearse sus cuidados.
En virtud del nuevo plan, el Estado se hará cargo de toda la asistencia a las personas con activos por debajo de las 20.000 libras (23.300 euros), mientras que aquellas que tengan entre 20.000 y 100.000 libras (23.200 y 116.000 euros) deberán contribuir, aunque nunca por encima de de las 86.000 libras (99.760 euros), durante los años que necesite asistencia, explicó Johnson.
El «premier» insistió en que el programa tiene como objetivo proteger a la población del «catastrófico temor a perderlo todo».
El líder laborista, Keith Starmer, primero de la oposición británica, criticó el programa al afirmar que los jóvenes y las personas con bajos ingresos serán los más perjudicados.
«Es una subida de impuesto para los jóvenes, para los trabajadores de los supermercados y las enfermeras. Significa que los propietarios (de viviendas) que arrienden docenas de propiedades no tendrán que pagar un penique más pero los inquilinos que tienen un trabajo a tiempo completo, sí», añadió.
Según las últimas cifras oficiales, en el periodo fiscal 2019/20 las autoridades locales recibieron 1,9 millones de peticiones de dependencia, lo que supone 100.000 más que hace cinco años.
EFE
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