El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó este martes que la ley que inhabilitará en Nicaragua las candidaturas a cargos de elección popular a «traidores a la patria» es «un paso más en la intimidación del pueblo» y aleja el país del estado de derecho.
EFE
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La “ley de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación por la paz” que «busca prevenir las candidaturas de la oposición es un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando el país del estado de derecho», manifestó Borrell en un comunicado.
La mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este lunes con carácter urgente una ley que inhibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados «traidores a la patria».
La «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones generales el 7 de noviembre de 2021.
La UE apoya «un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza», subrayó el alto representante de Política Exterior de la Unión.
En este sentido, Borrell señaló que la UE «sigue dispuesta a participar de forma constructiva y trabajar junto con el Gobierno de Nicaragua hacia una salida pacífica y democrática de la crisis».
La UE espera, según Borrell, que las autoridades nicaragüenses «alineen su legislación, garanticen la implementación con las obligaciones internacionales de derechos humanos y promuevan el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente».
«Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva», subrayó el político español.
Y es que para Borrell la legislación reciente aprobada en Nicaragua, como la ya citada y la ley especial sobre Delitos Cibernéticos, así como el proceso en curso de reforma constitucional para introducir sentencias de prisión perpetua por «delitos motivados por prejuicios» definidos de manera imprecisa, «endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales».
Por todo ello, el jefe de la diplomacia europea constata que «continúa el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil».
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