Asediado por dos semanas de protestas contra la austeridad, el Gobierno de Ecuador logró el martes el respaldo unánime del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, reunido de urgencia en Washington, condenó en una resolución «cualquier acción encaminada a desestabilizar al Gobierno legítimamente establecido y el Estado de derecho, así como las interferencias de toda clase que alteren la democracia y la convivencia pacífica». De esa resolución se cayó en último momento la denuncia de interferencias «extranjeras», que sí estaba en el borrador que previamente había presentado la misión de Ecuador. Sin embargo, el canciller de ese país proclamó en una intervención ante la OEA que su Gobierno está convencido de que el régimen de Nicolás Maduro ha sido uno de los instigadores de los disturbios. José Valencia recibió a ABC en la sede de la OEA después de que se votara la resolución:
Por David Alandete / ABC
¿Tienen pruebas de la presencia de agitadores venezolanos en las protestas en Ecuador?
Tenemos una serie de indicios muy serios y la justicia está investigando conexiones entre ciudadanos venezolanos que han estado involucrados en las manifestaciones y que no sabemos cómo han entrado en nuestro país. Además de estar ilegalmente en nuestro país han participado de actos de delincuencia, sobre todo actos violentos. Esos actos son ilegales, y más para un extranjero, que no puede hacer agitación política en un país al que no pertenece.
¿Por qué ha acogido la embajada de México en Ecuador a tres parlamentarios de su país?
Ellos están ahí porque han manifestado que creen que están bajo persecución de las autoridades nacionales. Nosotros creemos que no es el caso. En primer lugar no sabemos si tendrán o no cuentas con la justicia, y si las tienen tendrán que responder ante los jueces, pero en cuanto a persecución política no hay ningún fundamento para ello. Es una forma de victimizarse, de crear titulares, porque el Ecuador es uno de los países más respetuosos con los derechos humanos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado Gobierno del presidente Rafael Correa, que sacaba malas notas en materia de defensa de los derechos civiles y políticos.
Dijo usted ante el Consejo Permanente de la OEA que también estaba involucrada la guerrilla colombiana. ¿Tiene pruebas?
Han recibido el apoyo de algún miembro activo de la guerrilla y las tácticas empleadas en las protestas urbanas y los disturbios callejeros son copiados de lo que ocurría en su momento en Colombia. Eso es una gran fuente de preocupación para nosotros. No queremos que el Ecuador se vea expuesto a ese tipo de asuntos y menos todavía a modelos de acción y de agitación foráneos. El Ecuador es un país pacífico y la gente extremadamente violenta no tiene cabida en él.
Su gobierno también ha denunciado el papel que el expresidente Rafael Correa (que está fugado tras haber sido imputado por un crimen de estado) tiene en estas protestas. ¿Tomarán alguna medida contra él?
El Gobierno de Ecuador no tiene nada en particular contra el señor Correa, no vamos a tomar ninguna medida por su forma de pensar política, siempre que esa forma de pensar política no genere violencia en el país. Ahora bien, todos los ecuatorianos tienen la obligación de cumplir la ley. Lo que sí tiene el señor Correa es varios expedientes abiertos en distintas causas por las que le exige la justicia ecuatoriana. La fiscalía le ha llamado a declarar por ellos.
¿Cree que el señor Correa instiga las revueltas para librarse de un juicio?
Mire, si el señor Correa debe responder ante alguien es ante los jueces, no ante el gobierno. Si el señor Correa quiere algo con respecto a las causas abiertas en su contra, que hable con los jueces y que hable con los fiscales, no con el Gobierno.
En abril el Gobierno de Ecuador retiró el asilo a Julian Assange, fundador de Wikileaks. ¿Temen que esa organización haya instigado las protestas con injerencias digitales?
Una vez que el Ecuador decidió de manera soberana dar por terminado el asilo del señor Assange y este fue a comparecer ante la justicia británica, el Ecuador registró 40 millones de ataques cibernéticos. Parece una locura, pero fueron 40 millones de ataques a páginas estatales, de empresas, bancos y de gobiernos locales y provinciales. El asunto ha sido superado. Tenemos una estrategia para evitar que esas injerencias se vuelvan a producir. Desconozco si en este caso se han vuelto a producir ataques de ese tipo.
El respaldo de la OEA a su gobierno ha sido unánime. ¿Considera que legitima su estrategia?
Me da la impresión de que los países de la OEA comprenden que el Ecuador y el presidente Moreno fueron víctimas no de una protesta social, porque la protesta social es legítima cuando se rige por canales pacíficos y ajustada a la ley, sino de quienes quisieron desvirtuar esa protesta social desde dentro y fuera del país convirtiéndola en una verdadera acción subversiva en contra del ordenamiento democrático del Ecuador.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) supeditó una inyección de 4.200 millones de dólares al Ecuador a que se retiraran los subsidios al combustible. Ustedes los retiraron pero los han vuelto a instaurar tras las protestas. ¿Les ha dicho el FMI si esas inversiones siguen adelante?
Esa es una aseveración sin ningún fundamento, como cuando se dice que el Ecuador está aplicando las recetas del FMI. Es falso. Tenemos un acuerdo con el FMI, suscrito desde mucho tiempo atrás y en ese acuerdo hay una serie de desembolsos de créditos para fortalecer la economía del país. Las decisiones que toma el Ecuador para estabilizar su economía son independientes de eso, en el sentido de que no recibimos órdenes de qué hacer o no hacer. El Ecuador decide cómo estabilizar su economía tomando en cuenta los consejos de esos organismos multilaterales. Pero independientemente de ellos el Ecuador resuelve los problemas fiscales de forma soberana.
¿Tiene una estimación del gasto que los disturbios han supuesto para el Estado?
No tenemos una cifra específica, lo que sí sabemos es que hay gastos directos muy elevados por la destrucción de carreteras, de señales de tráfico, de estaciones del metro de Quito y del edificio de la Contraloría. En el sector privado son cientos los establecimientos que fueron saqueados para robar lo que había dentro. Hay sectores como el de la floricultura y el de la pesca que se han visto gravemente afectados. En unos días tendremos una estimación más concreta.
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