“¡Es una paradoja!”, dijo el senador Alejandro Navarro en una sesión del Senado de junio de 2012, para cuestionar el peligro de quiebra que vivía la “Embotelladora Llacolén”, debido a su aporte durante el terremoto de 2010 y al empleo que creó en la comuna de Coronel, Región del Bío Bío, cuando aún reconvertir a la “Zona del Carbón” parecía una misión imposible.
Era una empresa del empresario argentino avencidado en San Pedro de la Paz, Alberto Scuncio, y del fallecido también empresario temuquense Jürgen Paullmann, que, finalmente, pese a una inyección de recursos por parte de este último, siguió con problemas, se fue a quiebra, pero luego le dio lugar a otra embotelladora: “Dos Banderas”.
“El cierre es injusto y arbitrario ya que la deuda que registra el municipio con la embotelladora pertenece a una razón social distinta que se fue a quiebra con anterioridad”, decía el mismo parlamentario en 2015 en un llamado a la municipalidad coronelina para evitar el cierre de la embotelladora “Dos Banderas” -ex Llacolén-, debido al cobro de una deuda por el pago de patentes comerciales que complicaban su supervivencia.
En ambos casos, la figura recurrente es el empresario trasandino, como propietario en problemas, y el senador del Bío Bío, Alejandro Navarro.
Los mismos destinos se cruzan en eventuales aportes de productos a campañas políticas del parlamentario y también ambos con otro vínculo en un destino común, Venezuela.
Un vínculo internacional que, de acuerdo a la “autodenominada” Fiscalía General de Venezuela en el exilio, estará bajo investigación en una nueva arista de un fraude internacional por lavado de activos que involucra la exportación de alimentos a Venezuela, a través de las llamadas cajas CLAP, y a la cual también se suma ahora la urea, un fertilizante derivado del petróleo que es importado a Chile del mismo país.
Navarro y Scuncio
El senador Navarro declinó referirse al contacto político o de enlaces de negocios con Alberto Scuncio, quien se afincó en en Bío Bío en el 2000.
Pero, diversos episodios a lo largo del tiempo muestran una cercanía no reconocida oficialmente por ambos.
De campañas o trabajo político del parlamentario opositor circulan fotografías en redes sociales donde aparece con distribución de bebidas de tamaño individual, que eran elaboradas en la embotelladora del Bío Bío.
Asimismo, se suma la distribución de agua en la intercomuna, después del terremoto del 2010, cuando se vio al mismo senador sobre camiones de la empresa coronelina repartiendo el líquido embotellado.
“Si eso no es cercanía con alguien, entonces no sé qué es”, dice un ex asesor de Navarro, que pide no ser identificado públicamente.
Pero, en un carril similar y como objetivo común de ambos aparece el negocio de la urea.
Gira por Venezuela
Una gira a Venezuela del senador de oposición Alejandro Navarro, en conjunto con otros parlamentarios, a mediados de la década de los dos mil, marcó la importación de la urea a Chile.
Delegación que encabezó el senador del PRO, entre el 23 al 28 junio de 2007, y que también integró el representante de la Cámara Alta, Nelson Ávila, junto a los diputados Fernando Meza, Fidel Espinoza, Rodrigo González, Rene Alinco y Alberto Robles.
En una de las reuniones de esta gira interparlamentaria chileno-venezolana, con Nicolás Maduro en 2007 como canciller venezolano, el senador Navarro habría conseguido que una parte del fertilizante que se importaba a Chile quedara en manos de las comunidades indígenas, bajo el rótulo de“fin social”.
La idea era cooperar con la etnia.
Este acuerdo, luego se cimentó en la creación de Fertisur, en que uno de los socios era Fernando Zamorano, ex líder del Movimiento Amplio Social (MAS), partido que fue creado por el senador Alejandro Navarro cuando se fue del PS.
De acuerdo a notas de prensa, el gobierno venezolano habría acordado fijarle una cuota fija del 15% de los embarques de urea exportados a Chile con el propósito de asegurar a las comunidades mapuches fertilizantes a precios más bajos.
No obstante, parece que la urea no llegó a manos de las comunidades mapuches, pero sí habría ido a parar a una conocida empresa que explota litio, quien se la habría comprado a Fertisur.
Ese hecho fue cuestionado en 2009 desde Venezuela y habría marcado el fin de Fertisur y de Zamorano en el negocio del fertilizante, por los menos para la empresa chilena.
Sin embargo, el representante de Fertisur, Aníbal Correa, ese mismo año desmintió que Venezuela le haya exigido un fin solidario a la importación a Chile de la urea y descartó la investigación venezolana.
“Nuestra idea, que compartían los venezolanos, era venderles urea en mejores condiciones a los micro y pequeño empresarios e indígenas, pero no resultó porque no nos pagaron”, dijo Correa a un matutino capitalino.
Pese a ello, no se supo más de esa firma, por lo menos en Chile que los relacionara con la urea.
Aparece Inversiones Ramaja
Inversiones Ramaja Limitada, otra de las empresas de propiedad de Alberto Scuncio en sociedad con Pablo Ludueña (los mismos de la ex Embotelladora Llacolén) aparece vinculada con negocios de importación de urea y exportación de caja de alimentos a Venezuela.
A su vez, es la misma que se documenta como empresa socia de Martin Scuncio en la Distribuidora Llacolén, a la cual el Gobierno le compró 250 mil cajas de alimentos como parte del plan de ayuda a familias de escasos recursos durante la pandemia en Chile.
Así, esta firma se convirtió en el mayor proveedor de cajas de emergencia del Gobierno durante la emergencia.
Sin embargo, Ramaja, creada en 2005, está en el ojo del huracán por su rol en la exportación de las cajas de comida que se exportaron a Venezuela, como parte de un programa de abastecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, que conforman el programa estrella del actual gobierno de Maduro.
Una investigación originada en Estados Unidos que involucraría negocios del llamado testaferro de Maduro, el colombiano Alex Saab, por el delito de lavado de activos internacional en el negocio de las cajas de comida venezolana que encendió las alarmas en Chile.
De acuerdo a El Mostrador, la Fiscalía del Bío Bío ya inició una investigación en contra de Inversiones Ramaja por esta materia.
Incluso, en la Corte Suprema se tramita un recurso de protección que presentó Alberto Scuncio en contra del Banco Segurity, por cerrarle las cuentas corrientes a Distribuidora Llacolén, según argumentó la entidad bancaria, debido a movimientos pocos usuales de dinero en efectivo que representantes de la firma hacían por caja, alrededor de 360 millones de pesos en unas pocas visitas.
En todo caso, el Ministerio Público en la Octava Región no confirmó a Radio Bío Bío si había una investigación contra la firma.
En total, se estima que Inversiones Ramaja ha transado negocios por alrededor de 80 millones de dólares con Venezuela en siete años, entre cajas CLAP y urea.
En relación a esta empresa, por lo menos públicamente no se ha percibido vínculo con el senador Alejandro Navarro.
Sin embargo, nuevamente, la urea y Venezuela, aparecen en un rol destacado de este capítulo, ambos como parte del camino de ambos personajes.
Entonces, dada la amistad no reconocida entre Alejandro Navarro y Alberto Scuncio y la cercanía del congresista con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿habrá sido el congresista quien le abrió las puertas del polémico régimen al empresario argentino para comerciar las cajas de alimento y la urea?
La fiscal activará arista Chile
Para aclarar la situación, BioBioChile habló en exclusiva con la Fiscal Nacional de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, quien explicó cómo funciona la red internacional del lavado de activos derivado del negocio de las cajas CLAP.
Ortega señaló que todo comenzó con una denuncia que llegó al Ministerio Público venezolano en 2016, cuando ella aún no salía a exilio de su país, obligada por la crisis política.
“Luego de que el Ejecutivo puso en práctica las cajas CLAP comenzamos la investigación, porque se pudo determinar que este proceso fue a través de adjudicación directa, no hubo licitación. Pudimos demostrar que había sobreprecio en los alimentos”, dijo.
“Alex Saab (testaferro de Maduro) junto con Alvaro Pulido, que era su socio, crearon unas empresas en una triangulación México, Hong Kong y Venezuela. Nuestra línea se dirigió a ellos”, destacó.
Respecto de cómo detectaron esa eventual red internacional fraudulenta de lavado de activos, que involucrarían a Chile, Ortega señaló que “esto se armó a través de contactos, personas relacionadas con actores gubernamentales en Venezuela con otros actores políticos y sociales de otros países”.
Sobre la urea, Ortega enfatizó incluso en que es un precursor de la droga.“Me llama la atención que haya envío de urea a Chile”.
Luisa Ortega señaló que, pese a que opera desde lejos y su autoridad no es vinculante, desde Colombia activará una investigación que incluya a Chile dentro de las aristas del negocio de la Cajas CLAP y también incorporará a la urea, tal como lo hizo con la indagación por lavados de activos que se desarrolla en EEUU, donde ha sido activa colaboradora.
Sobre un eventual rol del senador Alejandro Navarro en esta trama, Ortega señaló que “como fiscal no puedo hablar de supuestos, sino que con pruebas. Mis afirmaciones tienen que ser con elementos de convicción, que me hagan presumir que existió algo. Lo que puedo decir es que sí, lo vi a él, cerca de Delcy Rodríguez, que hoy es vicepresidenta en el país, quien, probablemente, también sirvió para abrir las puertas, pero no tengo la prueba”.
Descuento por pandemia
Mientras tanto, Scuncio dice que a Navarro lo conoce como “un senador de la región, como todos” y el congresista ni siquiera quiere hablar públicamente del empresario argentino.
Y, la deuda por patentes de Alberto Scuncio con el municipio de Coronel revivió esta semana, cuando el Concejo Municipal de Coronel acordó una rebaja de 1.100 a 100 millones de pesos.
También se ha hablado de una estrecha relación del alcalde de la comuna, Boris Chamorro, quien llegó a la jefatura comunal como el apoyo del MAS, el mismo que en 2007 levantó el senador Alejandro Navarro. Sin embargo, ahora estarían alejados.
Una denuncia que hizo el diputado RN por Concepción, Leonidas Romero, que este viernes acudirá a Contraloría a presentar un escrito en que pedirá que se investigue un eventual detrimento de recursos para el municipio por el acuerdo que, bajo su punto de vista, desfavorece a Coronel.
“Puede ser que todo sea así, pero me consta, así como muchos que trabajaron con Navarro, que si hizo alguna gestión fue para ayudar a Venezuela y no para su bolsillo”, dice otro ex cercano al senador, que hoy está alejado políticamente de él.
En suma, como dice la persecutora venezolana, sin prueba no hay caso… o hay y solo no se puede probar… todavía.
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