La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este miércoles su visita a Chile la semana próxima con el objetivo de «conocer la situación de los Derechos Humanos en el país», en medio de una ola de protestas que comenzó en octubre y que ha dejado una treintena de muertos.
Los representantes de la Cidh tienen una cargada agenda entre el 26 y el 31 de enero para «observar la situación vinculada a las protestas sociales en sus causas y consecuencias». Entre otras actividades, se reunirán con organizaciones de la sociedad civil y periodistas, y se adentrarán en barrios periféricos de la capital chilena.
Este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitará Santiago y Valparaíso, y Temuco y Ercilla en el sur del país para conocer sobre el presente de los mapuches.
La Cidh también se reunirá con víctimas de pérdida de visión, entre los que existen más de 350 casos de heridos graves por perdigones o bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.
Otros puntos de la agenda son una reunión con autoridades religiosas, un encuentro con movimientos estudiantiles y la visita dos centros de detención y tortura que funcionaron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el de José Domingo Cañas y de «Londres 38».
En Santiago, la Cidh también se empapará sobre el tema de los migrantes y la situación de la población Lgbti.
El secretario general de la CIDH, Paulo Abrão, visitó el país en noviembre cuando se cumplía un mes desde el estallido social que comenzó con protestas por un aumento del precio del boleto de metro y evolucionó en un movimiento más amplio de crítica al gobierno de Sebastián Piñera y la desigualdad.
Entonces, Abrão, dijo que «no hay duda» de que hubo violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) de Chile publicado a finales de diciembre, en el país, «se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica» de las personas durante las manifestaciones.
Ese mes, después de que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, denunció un «elevado número de violaciones de derechos humanos» por la represión policial a las protestas. El gobierno de Chile respondió que lamentaba el elevado número de casos, pero advirtió sobre el «contexto».
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