La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigará el caso de la desaparición de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, defensores de derechos humanos que fueron desaparecidos, al parecer, por paramilitares y miembros de la fuerza pública de Medellín en octubre del 2000. En este caso exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han mencionado al exjefe de Seguridad de Álvaro Uribe, el general (r) Mauricio Santoyo como presunto responsable de dar la orden.
La desaparición de estas personas se dio al ser señalados de colaborar con la guerrilla de las Farc, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), asociación que presentó el caso en 2012 ante el tribunal internacional. En sus argumentos señalan que se comprobó que tanto como Quintero como Monsalve fueron interceptados ilegalmente por agentes de Gaula en un rango de fechas en las que concuerdan con el día de su desaparición.
A pesar de que estas personas fueron condenadas por la interceptación, no se resolvió nada directamente con la desaparición de los defensores. Es por eso que los peticionarios aducen que el Estado violó los derechos de las presuntas víctimas y sus familiares por no esclarecer lo ocurrido a pesar que desde el 2012 los exparamilitares han dado “importantes declaraciones” sobre el presunto paradero de los restos de los desaparecidos.
Sostienen que antes de 2012 la Fiscalía General contaba con testimonios de grupos paramilitares y de la banda “la terraza” que señalaron la responsabilidad del señor Mauricio Alfonso Santoyo Velazco, entonces director del Gaula en Medellín. A pesar de ello, aducen, el ente de control demoró cinco años en vincularlo a la investigación.
Además dice la CCJ que los familiares de las víctimas han recibido amenazas y tuvieron que ser exiliados a pesar de nos reparados por el Estado y agrega que el proceso pasó de la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero que el caso aun no ha sido priorizado, por lo tanto explican que ya se agotaron los recursos internos, requisito fundamental para que el caso sea aceptado por la CIDH.
Por su parte, El Estado dice que la petición de la CCJ para que el caso sea aceptado no es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. Arguye que el proceso penal aún está en curso, y que dicha vía constituye el recurso adecuado para la investigación, sanción y reparación. Manifiesta que la Fiscalía adelanta la investigación y que, en dicha actuación, se vinculó al General en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velazco.
Santoyo, de hecho, está detenido por esta investigación tras haber vuelto de Estados Unidos por cumplir una pena por narcotráfico en nexo con las AUC. El Estado dice que el hecho de que no existan condenas en firme contra todos los presuntas responsables, no significa que el Estado no haya cumplido con sus deberes convencionales. Agrega que el trámite ante la JEP muestra que es una decisión “garantista que incluso puede acelerar la efectivización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.
La Nación explica que el caso no ha podido avanzar con mayor celeridad por “la situación social” del lugar donde se cometió el crimen y el modus operandi de los grupos armados ilegales. Y dijeron que las víctimas no han presentado solicitud de reparación directa, como lo exige la Constitución Política.
Por eso la Comisión determinó que “los alegatos de la parte peticionaria, relativos la desaparición de las presuntas víctimas por parte de grupos paramilitares con el apoyo de las autoridades y la falta de condena a los responsables, podrían constituir violaciones a los derechos” y declaró admisible la petición de la CCJ.
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