La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este martes a Ecuador «una política clara» para atender a los presos en cárceles, y atribuyó la situación de violencia del pasado 23 de febrero, cuando murieron 79 reclusos, a que se dejó «a la deriva la implementación de políticas públicas correctas».
EFE
«El hecho de que haya sido un enfrentamiento entre grupos carcelarios, de grupos rivales, no le quita al Estado su obligación de generar las condiciones, de tener todo un sistema penitenciario que cumpla con los diferentes estándares interamericanos», dijo a Efe el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Edgar Stuardo Ralón.
El funcionario se pronunció sobre los hechos ocurridos el pasado martes en cuatro cárceles de Ecuador, donde 79 reos fueron asesinados y 19 resultaron heridos por rencillas entre bandas rivales, según las autoridades ecuatorianas.
«Esta grave situación de violencia -agregó el relator- ocurre precisamente porque se ha dejado a la deriva la implementación de correctas políticas públicas vinculadas a personas privadas de libertad».
El pasado 26 de febrero, la CIDH lamentó y condenó los sucesos en cuatro cárceles de las provincias de Azuay, Cotopaxi y Guayas de Ecuador, y urgió al Estado a investigar las circunstancias, a identificar y sancionar a los responsables, así como a «adoptar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir».
El comisionado observó «fallas estructurales» en el diseño, la aplicación y la evaluación de las estrategias orientadas al sector carcelario.
«Cuando no existen correctas políticas públicas se da un ambiente carcelario donde los reclusos tienen armamento, tienen objetos ilícitos, tienen incluso control de distintas áreas de los centros carcelarios», afirmó.
«Creemos -continuó- que hay una urgencia de que dentro de una política de no repetición se le dé la máxima prioridad a ya establecer una política pública clara vinculada a personas privadas de libertad en Ecuador».
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, vinculó la situación en las cárceles con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
El relator, quien aseguró que han mantenido un monitoreo «muy cercano de la situación», advirtió de que «si esto no se atiende, no solo podría repetirse, sino que el riesgo de vida lo podrían tener no solo personas cercanas a la población carcelaria sino la ciudadanía en general».
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