Cientos de personas migrantes subsaharianas, incluidos menores y mujeres embarazadas, continúan bloqueados en la frontera entre Túnez y Libia después de que las autoridades tunecinas expulsaran a principios de julio a 1.200 de personas a esta zona de amortiguamiento, sin acceso a agua o comida.
Cerca de 150 personas levantaron un campamento improvisado en la zona de Ras Jadir, a la proximidad del mar, para poder resguardarse de los más de 40 grados centígrados de temperatura.
Otros campamentos similares se encuentran en zonas desérticas como Al Assah, a un centenar de kilómetros de la capital, donde la Guardia Fronteriza recuperó el martes cinco cuerpos de migrantes, incluido un niño de corta edad, reveló el Ministerio libio de Interior.
Una decena de organizaciones humanitarias, entre ellos Médicos del Mundo y Abogados Sin Fronteras (ASF), alertaron este miércoles del «recrudecimiento» de la discriminación y la violencia contra los migrante en el país magrebí «que les obliga a una fuga permanente y les impide hacer valer los derechos humanos inalienables».
Un semana antes, Human Rights Watch (HRW) instó a la Unión Europea (UE) a suspender su apoyo financiero destinado al control migratorio y advirtió que Túnez no es un refugio «seguro» para los migrantes y refugiados negros africanos, víctimas de graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
El pasado 16 de julio, la Comisión Europea y Túnez firmaron un acuerdo para reforzar sus fronteras a cambio de importantes inversiones financieras, incluido un paquete de 105 millones de euros (116,4 millones de dólares) para rescates y «retornos voluntarios». Un modelo que aspira a exportar a otros países de la región como Marruecos y Egipto.
Este texto -que debe ser aprobado formalmente por los estados miembros de la UE y cuyos detalles se desconocen- no incluye garantías «serias» de que las autoridades eviten violaciones de los derechos humanos por lo que HRW pidió una evaluación exhaustiva de su impacto.
A principios de julio, cerca de 1.200 personas subsaharianas -incluidos residentes legales y solicitantes de asilo- fueron desahuciadas de sus casas y detenidas en la ciudad de Sfax (centro-este), principal punto de partida de la migración irregular, para ser expulsadas a la fuerza a las fronteras terrestres con Libia y Argelia.
Tras más de una semana, 600 personas que se encontraban en el lado libio fueron realojadas por la Media Luna Roja en centros de acogida de diferentes regiones del sur del país.
El presidente Kais Said -que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 «para preservar la paz social»- pidió en febrero a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las «hordas» de migrantes que forman parte de una «conspiración» para cambiar la identidad «arabo-musulmana» de Túnez.
Desde inicios de año, 37.700 personas -5.000 de ellos nacionales- llegaron a la costa italiana desde Túnez, que se encuentra a menos de 150 kilómetros de distancia, mientras otras 23.000 personas fueron interceptadas por los guardacostas.
En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 60.000 ciudadanos subsaharianos que viven en el país sólo entre el 10 % y el 15 % no poseen una residencia legal, por lo que la sociedad civil reclama su regulación general.
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