El Gobierno de Colombia debe priorizar la seguridad de las comunidades sobre las operaciones militares contra grupos armados para detener los asesinatos de activistas, mientras se asegura que los responsables enfrenten un castigo legal, dijo el martes un informe de International Crisis Group.
Reuters
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Al menos 415 activistas comunitarios y de derechos humanos, ampliamente conocidos en Colombia como líderes sociales, han sido asesinados desde enero de 2016, según cifras del Gobierno citadas en el informe. Algunos grupos de derechos humanos ponen la cifra mucho más alta.
El Gobierno del presidente Iván Duque se ha centrado en destruir los cultivos de hoja de coca y debilitar a los grupos armados ilegales en un intento por proteger a los activistas, pero las operaciones militares pueden provocar represalias contra las comunidades, aseguró Crisis Group.
El gobierno debe implementar reformas rurales para debilitar el control de las economías ilícitas y ampliar los programas de desmovilización, sostuvo el informe.
“Sin abandonar el objetivo de desmantelar los grupos armados, Colombia debe ofrecer a sus miembros caminos realistas para la reincorporación a la vida civil a través de la desmovilización colectiva negociada”, aseguró el informe.
Un portavoz del Ministerio de Defensa reiteró la opinión del gobierno de que la violencia no se detendrá únicamente con la presencia militar y policial, sino mediante el establecimiento del estado de derecho.
El gobierno acusa a guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional, a disidentes de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz de 2016 y a grupos criminales, algunos integrados por exparamilitares de derecha, de atacar a activistas como parte de sus planes para asumir el control del tráfico de drogas y de zonas estratégicas para la minería ilegal.
Los ataques han generado la condena de grupos de defensa de derechos humanos y de la comunidad internacional.
Alrededor del 60% de los asesinatos se han producido en municipios con programas especiales de desarrollo en virtud del acuerdo de paz de 2016, según el informe.
Las áreas generalmente tienen altos niveles de pobreza y son lugares donde múltiples grupos armados disputan el control.
“En este sentido, la violencia es una continuación, más que un distanciamiento del pasado”, dijo el informe. “Muchos asesinatos tienen lugar en áreas que históricamente han sido escenarios de los niveles más álgidos del conflicto”.
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