La plataforma de servicio de transporte Uber deberá pagar unos 630.000 dólares por obstruir una visita administrativa a su sede de la autoridad que vela por la libre competencia de mercado en Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio multó este lunes con 2.128 millones de pesos colombianos a la filial de la empresa estadounidense «al quedar demostrado que con su conducta obstruyó una visita administrativa» e «incumplió órdenes e instrucciones dadas» por el ente.
«La empresa presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios», indicó la autoridad en un comunicado.
La agencia de noticias AFP reseñó que la sanción, contra la que procede recurso de reposición ante la misma superintendencia, se da luego de una visita realizada el 13 de octubre de 2017 a la sede de la compañía en Bogotá.
«Existe una política empresarial al interior de Uber Colombia, en la cual se instruye a sus funcionarios en la forma cómo deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa», agregó.
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Según el ente, se evidenció que existen «instrucciones institucionales» de no dar información sobre el negocio de la empresa ni brindar acceso a los equipos e incluso bloquear archivos electrónicos.
Tampoco entregaron documentos corporativos como actas de asambleas, estatutos o balances, de acuerdo con el boletín.
Por eso, además, la superintendencia multó con entre 1.400 y 7.300 dólares a dos asesores legales y al gerente de la compañía en Colombia.
Por su parte, Uber respondió en un comunicado que «no ha recibido notificación de la decisión de primera instancia», sin ahondar en los detalles de lo ocurrido.
«Una vez la compañía sea notificada de la decisión, efectuará el análisis correspondiente a efectos de definir la pertinencia de interponer los recursos del caso», señaló en el texto.
Uber llegó en 2013 al país sudamericano y cuenta con 88.000 conductores, según un comunicado de la compañía de febrero pasado.
Aunque su funcionamiento como aplicación digital está permitido por el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la prestación del servicio de transporte de vehículos con conductor (VTC) es ilegal.
La empresa paga el impuesto del IVA y está autorizada para publicitarse en medios, pero por el vacío en la regularización de esas plataformas la policía puede sancionar a un conductor de Uber.
Al arribo de la firma estadounidense se han sumado otras aplicaciones con servicios similares, ante el rechazo de sindicatos de conductores y propietarios de taxis.
AFP
