Un total de 157 líderes sociales fueron asesinados en los primeros nueve meses de este año en Colombia, lo que supone un pronunciado aumento respecto a los 109 homicidios del mismo periodo del año anterior, según reveló este viernes la Defensoría del Pueblo.
Se trata, de hecho, de la mayor cifra de asesinatos en los primeros nueve meses del año desde 2016, según datos de la Defensoría, que detalló que 145 de las víctimas fueron hombres y 12, mujeres.
«Entre enero y septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo ha reportado un total de 157 homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, superior a los 109 casos reportados en el mismo periodo de 2021», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar los resultados del tercer trimestre del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
El año anterior la Defensoría contabilizó 145 asesinatos en total, mientras que en 2020 fueron 182 y en 2019 fueron 134.
La mayoría de los asesinados, casi un tercio, eran líderes comunales pero entre las víctimas también hay 32 indígenas, 26 líderes comunitarios y 14 campesinos.
Además, el 81 % de los asesinatos ocurrió en zonas del país donde la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana que avisaba a las autoridades de este tipo de riesgos, por lo que se hizo un llamamiento a mejorar la atención a este sistema para anticipar riesgos y vulneraciones de derechos humanos.
El defensor también quiso hacer «un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos». ya que «cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones».
DESCENSO EL ÚLTIMO MES
La cifra proporcionada este viernes por la Defensoría, que es la única organización estatal que hace este tipo de seguimientos rigurosos, es superior a la que recogen otros observatorios como el del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que hasta septiembre contabilizaba 135 asesinatos.
Esta organización informó de un notable descenso en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en septiembre, con ocho homicidios.
Esa cifra contrasta, por ejemplo, con los 20 que hubo en febrero o los 18 de mayo, lo que coincide con la decisión de una decena de grupos armados ilegales de, según el Gobierno, declarar un cese al fuego unilateral en sus filas como gesto de compromiso con la «paz total».
Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha insistido en impulsar una «paz total», una ambiciosa apuesta con la que busca negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC o que incluya algún tipo de arreglo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
Pero de momento la legislación solo le permite retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación con esa guerrilla ya estaban firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
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