Un nuevo episodio de extrema violencia sacudió a Colombia la noche del martes cuando un grupo de manifestantes tomó el Palacio de Justicia en el municipio de Tuluá a 100 kilómetros de Cali, para quemar la sede en protesta por el despeje de bloqueos por parte de la policía.
De acuerdo con al agencia AFP, encapuchados incendiaron el edificio y bloquearon el paso de bomberos, según se observa en diferentes videos difundidos en redes sociales.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, condenó en Twitter los «actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo», mientras que el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, denunció en la misma red social a «los vándalos» que «quieren obstruir la justicia» con este ataque.
La escena evoca funestos recuerdos en un país donde la toma guerrilla del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, y su sangrienta retoma por parte del Ejército, en medio de un gigantesco incendio registrado por la televisión, dejaron un centenar de muertos.
Desde que se iniciaron las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque el 28 de abril, el departamento del Valle del Cauca ha sido epicentro de violentas protestas, duramente reprimidas por la fuerza pública.
La mayoría de los 43 homicidios registrados a la fecha ocurrieron en esa región, donde convergen pobreza, racismo, narcotráfico y el conflicto que repunta tras la firma de la paz con la guerrilla FARC, en 2016.
En el municipio de Tuluá, un hombre fue atrapado el 21 de mayo por manifestantes luego de disparar contra un bloqueo. El agresor fue entregado a la justicia y su camioneta fue incinerada.
Los cierres de vías, que se multiplican en el oeste del país y causan desabastecimiento, amenazan con restarle apoyo popular a las manifestaciones antigubernamentales.
El presidente del país, Iván Duque, exige su levantamiento como condición para negociar una salida a la crisis.
El mandatario ordenó a la fuerza pública desmontar esas «expresiones que son violentas», pese a la condena internacional de los excesos cometidos por la policía en la contención de las manifestaciones.
El estallido social, que reclama un país más justo y solidario ante el deterioro económico que agudizó la pandemia, deja de momento más de 2.000 heridos, mientras persisten 84 cierres viales.
AFP
Ocurrió en una URI en Popayán, también en la casa de justicia en La Plata. Ahora pasa en Tuluá. Los vándalos quieren obstruir la justicia con quemas como la de esta noche del Palacio de Justicia en Tuluá. Infame que lo celebren. Los responsables van a conocer el peso de la Ley. pic.twitter.com/eP8vq5qTnU
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 26, 2021
https://twitter.com/JulianJaraUribe/status/1397363922580250630?s=20
https://twitter.com/JulianJaraUribe/status/1397364809906147331?s=20
AFP
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