El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado deploró este martes 4 de febrero “la insolencia” por parte de la dictadura de Nicolás Maduro al impedirle el ingreso al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que atenderá a las víctimas en la frontera con Colombia.
Mediante un comunicado estableció que tal comportamiento se debe a la soberbia del régimen quien usurpa funciones las instituciones democráticas del país arbitraria e inconstitucionalmente no permitió el ingreso de la delegación de la CIDH
“A pesar de esta circunstancia, la CIDH continuará celebrando audiencias y una visita in loco en la frontera colombo-venezolana. Que la Comisión Interamericana no hayan podido entrar a Venezuela no significa que la actividad de observación deba detenerse, y es precisamente por esa razón que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha decidido acompañar directamente a un Grupo de Víctimas hasta la frontera colombo-venezolana, donde se establecerá la CIDH. Su derecho a ser escuchadas no debe quedar ilusorio, y es deber del Gobierno Interino Garantizar su presencia en las visitas in loco”, detalló en el texto.
A continuación comunicado íntegro:
COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEPLORA LA INSOLENCIA DE LA USURPACIÓN AL IMPEDIR EL INGRESO DE LA CIDH A VENEUELA Y ACOMPAÑARÁ A VÍCTIMAS HASTA LA FRONTERA CON COLOMBIA
El día de hoy, 4 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se disponía a ingresar al territorio nacional tras haber acordado por invitación del Gobierno Legítimo (E) de la República, la celebración de una visita in loco a Venezuela, sin embrago, en su soberbia, el Poder Fáctico que usurpa las instituciones democráticas de nuestro país, arbitraria e inconstitucionalmente decidió no permitir el ingreso de la CIDH al avión que los traería hasta Caracas, ya que, como es de conocimiento público, estos han adoptado una actitud hostil en contra, no solo del Sistema Universal de Protección (ONU), sino también, y con mayor virulencia, contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
A pesar de esta circunstancia, la CIDH continuará celebrando audiencias y una visita in loco en la frontera colombo-venezolana. Que la Comisión Interamericana no hayan podido entrar a Venezuela no significa que la actividad de observación deba detenerse, y es precisamente por esa razón que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha decidido acompañar directamente a un Grupo de Víctimas hasta la frontera colombo-venezolana, donde se establecerá la CIDH. Su derecho a ser escuchadas no debe quedar ilusorio, y es deber del Gobierno Interino Garantizar su presencia en las visitas in loco.
Pero aun cuando la visita in loco si vaya a tener lugar, la Comisión Presidencial no puede pasar por alto el deplorable trato que recibió delegación de la CIDH cuando se disponían a abordar su vuelo desde la ciudad de Panamá con destino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, momento en el cual fueron impedidos por la aerolínea de hacerlo. Es inaceptable que la CIDH no llegue a nuestro país, especialmente cuando el Gobierno Legítimo de Venezuela le había invitado a Venezuela. La Comisión Presidencial reafirma la vigencia del mandato de la CIDH sobre el territorio nacional. El que no puedan ingresar supone un obstáculo innecesario para la realización de los artículos 106 de la Carta de la OEA y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con las cuales es función primaria de la Comisión Interamericana velar por la observancia, promoción y defensa de los Derechos Humanos.
En este sentido, hacemos nuestras las palabras de la CIDH, y es que: “es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”. La gravedad del caso venezolano reside en el ocultamiento de la situación de derechos humanos. Países de toda la región, Gobernados por distintas tendencias políticas muchas veces antagónicas, han permitido recientemente el ingreso de la CIDH a sus países. Los casos de Chile, Bolivia y Ecuador son paradigmáticos, esos países entienden que ninguna agenda política debe estar por encima del derecho de las víctimas a ser escuchadas por un órgano imparcial de derechos humanos. Por tanto, nos preguntamos ¿Qué quiere ocultar la usurpación? Si es cierto que respetan los derechos fundamentales de los venezolanos debería permitir el ingreso de la CIDH, entonces ¿Por qué no lo hacen?
Una de los tantos subterfugios que han presentado desde la usurpación es el hecho de que Venezuela supuestamente denunció la Carta de la OEA el 27 de abril de 2019, aseveración esta que falta a la verdad, ya que Venezuela nunca se retiró de la OEA. Debemos recordar que una condición sine qua non para la consolidación de una denuncia a un Tratado conforme a las reglas de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados, es que esta haya sido ejecutada por una autoridad legítimamente constituida en el Estado denunciante, por la tanto, un Poder Fáctico usurpador no cuenta con capacidad jurídica de ninguna naturaleza para denunciar un Tratado, especialmente cuando el 10 de abril de 2019, el Consejo Permanente de la OEA, aceptó al embajador Gustavo Tarre como representante interino de Venezuela ante ese organismo, y este a su vez, extendió una visita a la CIDH para que visitaren nuestro país. En otras palabras, debe tenerse muy claro que una denegatoria de un Poder Fáctico, bajo ninguna circunstancia, puede alterar actuaciones del Gobierno legítimo en el marco de una visita in loco de la CIDH.
Pero incluso en el supuesto negado y no aceptado por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y atención a las víctimas de que la denuncia hubiese llenado los extremos mínimos del derecho internacional para poder perfeccionarse, esta tampoco podría generar efectos jurídicos válidos, ya que el Estado venezolano, como consecuencia de las deficientes gestiones de la usurpación, adeuda a la OEA por cuotas pendientes de membrecía en el organismo, un monto aproximado de US$ 8,7 millones, y hasta que este monto no sea honrado en la OEA, Venezuela no puede retirarse de esa organización.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas quiere ser enfático en algo: quienes sufren las perniciosas consecuencias del impedimento de una visita in loco de la CIDH a Venezuela, son las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Que la CIDH no haya podido entrar a Venezuela significa que la Comisión no podrá visitar el Hospital J.M. de los Ríos donde niños y niñas se debaten diariamente entre la vida y la muerte. Significa que los familiares de personas que hayan sido desaparecidas forzosamente, ejecutadas extrajudicialmente o torturadas, no podrán dar testimonio directamente a los Comisionados sobre el sufrimiento que implica perder un ser querido por razones que no tienen ninguna justificación, porque nadie merece ser asesinado o ser torturado. Significa que esos cientos de periodistas que diariamente buscan emitir reportajes serios e informar sobre el acontecer nacional seguirán siendo perseguidos por la Usurpación. Significa que las persecuciones contra Diputados continuarán sumidas en la más absoluta impunidad. Significa que los rectores de las universidades venezolanas se verán condenados a vislumbrar como progresivamente se continúa acentuando la erosión de la autonomía universitaria, sin poder denunciar las injerencias de un Poder autoritario incapaz de aceptar más de una línea de pensamiento. Significa que todos los venezolanos continuaremos al amparo de un Poder Judicial usurpado que lejos de servir a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, se han decantado por ser serviles ciervos de los intereses antojadizos de la usurpación.
Significa, en síntesis, condenar a la impunidad, el silencio, y el olvido a todos aquellos que merecen memoria, reparación y justicia. No permitir el ingreso de la CIDH, al margen de cualquier conceptualización normativa dogmática, se traduce en un auténtico crimen contra personas que ya han sufrido suficiente. Nosotros estamos con ellas, y lo repetimos, ya basta. Es suficiente, es por eso que el Gobierno Interino mantiene abierta la invitación a la CIDH para la realización de una visita in loco dentro del Territorio Venezolano. Por lo pronto, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas respaldará la visita in loco de la CIDH acompañando a un Grupo de Víctimas hasta la frontera colombo-venezolana, lugar en el que podrán denunciar directamente ante los Comisionados de la CIDH las deleznables violaciones a sus derechos fundamentales. Merecen Justicia.
HUMBERTO PRADO SIFONTES Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas
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