El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, señaló que en el cuarto informe de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, Venezuela salió raspada en materia de Derechos Humanos. El documento reitera la continua y sostenida violación de los Derechos Humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“En ninguno de los punto presentados en el informe se evidencia una disminución y mejoría de la situación de de Derechos Humanos”, indicó.
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Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, por parte de funcionarios de las Faes, el Comisionado aseveró que el grupo “continua con las políticas de exterminio en sectores populares y además, cuentan con el respaldo y reconocimiento por parte del régimen”.
Detalló que a un mes de la actualización de septiembre del informe de la Alta Comisionada, se registró la muerte de 75 víctimas a manos de este grupo.
Con relación a la situación de los centros penitenciarios del país, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, señaló que el informe “no menciona la falta de alimentos en los recintos carcelarios, lo cual es preocupante, ya que gran parte la población reclusa presenta delicado estado de salud”. Agregó que diario, familiares y privados de libertad denuncian que “a los presos solo les una arepa delgada como un disco compacto, sin relleno y agua de granos”. Lo anterior se repite en las Entidades de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Así mismo, el Comisionado resaltó que, pese a las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada para los DDHH en informes anteriores, no han sido acatadas por el régimen de Nicolás Maduro.
“Tal es el caso de la crítica situación del acceso a la salud, principalmente en el Hospital JM de los Rios, que tiene medidas cautelares, dictadas por la CIDH y que son obviadas por el régimen, debido a que no adquiere de manera eficiente, los equipos e insumos necesarios para preservar la vida de los niños”.
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En el informe, la Alta Comisionada reiteró la solicitud de libertad para el diputado Juan Requesens, quien continúa privado de libertad desde agosto 2018; la pésima situación de los servicios básicos (gas, electricidad, gasolina)y la falta de políticas públicas que garantice a los ciudadanos el acceso a dichos servicios.
Señaló que esta situación deriva en el incremento el número de protestas realizadas en el país, que pasan de 4.400 en los últimos tres meses, así como en las cifras de migrantes venezolanos que, según el informe, alcanzan los 4.7 millones. Se estima que para 2020 esta cifra alcance los 6.5 millones.
El Comisionado resaltó que “desde la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Victimas, continuaremos proporcionando información a los oficiales de la oficina de la Alta Comisionada de DDHH, a fin de colaborar con la labor de registro, además de una presentación de un informe temático, sobre tortura, tratos crueles degradantes e inhumanos a privados de libertad civiles y militares.
Con información de PresidenciaVe.com
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