La periodista filipina Maria Ressa fue declarada culpable de ciberdifamación el lunes por un tribunal de Manila y es pasible de una pena de hasta seis años de cárcel, en un juicio que sus defensores califican de intento de acallar a los detractores del presidente Rodrigo Duterte.
La periodista quedó en libertad a la espera de que su apelación sea examinada.
Maria Ressa, de 56 años, es la cofundadora de la página de información en internet Rappler, que ha sido objeto de varias investigaciones judiciales tras haber publicado artículos críticos contra la política del jefe de Estado, incluyendo su controvertida y durísima campaña contra el narcotráfico.
Ressa, experiodista de CNN puede ser condenada hasta a seis años de cárcel, aunque se ignora cuánto tiempo de detención tendrá que cumplir si se confirma esta sentencia.
«Resistiremos todos los ataques contra la libertad de prensa», declaró tras el veredicto esta periodista que fue considerada por Time como una de las personalidades de 2018.
«Esto es un obstáculo pero no es algo inesperado», dijo Ressa. «Intentan asustarnos pero no tengan miedo. Porque si no ejercen sus derechos, los van a perder», agregó.
«Comencé mi carrera en 1986 y he trabajado en muchos países. Me han disparado y amenazado pero nunca he vivido esta especie de muerte a fuego lento», dijo.
El juicio se llevó a cabo por un artículo escrito en 2012 sobre las presuntas relaciones entre un empresario y el presidente del Tribunal supremo de la época.
– «Serás la próxima» –
La denuncia presentada por el empresario había sido inicialmente rechazada en 2017, pero el caso fue después enviado a la fiscalía, que decidió llevar ante la justicia a Ressa y al experiodista Reynaldo Santos, que escribió el texto.
Este juicio y la condena se sustentan en una controvertida ley sobre cibercriminalidad que castiga la difamación en internet, pero también el acoso o la pornografía infantil. La normativa entró en vigor en septiembre de 2012, es decir, después de la publicación del artículo en cuestión.
Pero la fiscalía argumentó que la corrección de un pequeño error tipográfico en 2012 por parte de Rappler hizo que la ley pudiera ser aplicada en este artículo.
«Me advirtieron: cállate o serás la próxima», dijo a la AFP Ressa antes de ser condenada.
El gobierno de Duterte rechazó que el juicio haya sido político y dijo que las autoridades se limitan a hacer respetar la ley.
Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que este caso y la persecución contra Rappler solo pueden calificarse de acoso.
«Ressa y el equipo de Rappler son tomados como blanco por ser críticos con el gobierno Duterte», afirmó Amnistía Internacional. «El balance de Filipinas en materia de derechos humanos continúa, con este caso, su caída en picado», agrega la organización.
Por su parte, Human Rights Watch estimó que el caso «no tendrá eco solamente en Filipinas sino en otros países que consideraban a Filipinas como favorable a la libertad de prensa».
El archipiélago cayó recientemente al 136º lugar (en un total de 180) en la clasificación mundial de la libertad de prensa establecida por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Este veredicto se hace público además un mes después de la suspensión de la difusión de las cadenas ABS-CBN, principal grupo filipino de medios de comunicación, a raíz de un decreto gubernamental.
Duterte amenazaba desde hace años con cerrar ABS-CBN que, al igual de Rappler, cubrió «la guerra contra las drogas» del mandatario, que insta a los policías a matar narcotraficantes y presuntos toxicómanos.
Según la Agencia filipina de lucha contra la droga, los policías habrían matado al menos a 5.600 personas sospechosas de tráfico de drogas, aunque hay organizaciones que estiman que el balance es tres veces superior.
Otra personalidad crítica contra esta política antidrogas de Duterte es la senadora Leila de Lima, que está detenida hace tres años por tráfico de drogas.
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