Los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes de EEUU le escribieron este viernes a los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras para que sus Gobiernos se aseguren de que Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no contribuya a perpetuar la dictadura en Nicaragua.
“Dados los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Ortega-Murillo, urgimos a su país a hacer uso de su liderazgo como miembro fundador del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para garantizar que sus préstamos no perpetúan la consolidación de la dictadura en Nicaragua”, dijeron.
La misiva de los presidentes de los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara Baja, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Michael McCaul, fue dirigida a los líderes de Honduras (Xiomara Castro), Guatemala (Alejandro Giammattei), Costa Rica (Rodrigo Chaves) y El Salvador (Nayib Bukele).
El texto les insta a “usar su voz” y a votar para que el BCIE aumente su transparencia y el escrutinio sobre los préstamos efectuados al régimen nicaragüense.
En los últimos años, según recuerdan, esa entidad ha aprobado unos 3.500 millones de dólares en financiación para iniciativas que iban a ser puestas en marcha bajo los auspicios del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa, Rosario Murillo.
Esos fondos llegan en un momento de “creciente condena global a las violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua, criticaron los dos legisladores.
La misiva les solicita ejercer un mayor control sobre los préstamos de ese banco al país hasta que Ortega y Murillo se comprometan a emprender negociaciones en favor de una gobernanza democrática, un respeto de los derechos humanos y una hoja de ruta que conduzca a unas elecciones libres y justas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.
Ortega fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato, su cuarto consecutivo y el segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Los legisladores apuntaron que aunque la liberación a principios de febrero de 222 prisioneros políticos hizo pensar en una eventual apertura política, la decisión de expulsarlos del país con destino a Estados Unidos y de quitarles la nacionalidad acabó con esa esperanza.
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