El presidente de la Comisión Permanente del Congreso peruano, Pedro Olaechea, presentó este jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de competencia a fin de que este anule la disolución del Parlamento, que fue ordenada el lunes pasado por el presidente de Perú, Martín Vizcarra.
Este pedido se inscribe dentro de una lista de cuatro puntos específicos sobre los que Olaechea solicita que el TC se pronuncie en función de si cumple con lo que establece la Constitución.
Solicita también en el mismo documento al TC que se pronuncie sobre que el Poder Ejecutivo no tiene la competencia de realizar cuestión de confianza sobre materias que son exclusivas del Congreso, como es el caso de la elección de nuevos magistrados del TC, cuya elección el lunes pasado llevó a que el Ejecutivo considere como negada la cuestión de confianza planteada sobre ese particular.
El siguiente punto solicita que se declare que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Congreso de forma expresa, a través de una votación del pleno, y “no de manera tácita o ‘fáctica’, pues ello implicaría menoscabar las competencias constitucionales del Congreso para aprobarla o denegarla”.
Vizcarra consideró que la cuestión de confianza planteada por el exprimer ministro Salvador del Solar fue rechazada, después de que el pleno del Congreso siguió adelante con la cuestionada elección de magistrados del Tribunal.
Asimismo, pide que se declare que la cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación “respetando los procesos establecidos en el reglamento del Congreso, en función a sus prerrogativas de autorregulación”.
En el documento, Olaechea hace referencia a su cargo como presidente del Congreso de la República y desconoce así la decisión del Ejecutivo de que el Parlamento peruano se encuentra disuelto, y que solo funciona en la actualidad la Comisión Permanente del mismo.
Ello en razón, según un comunicado del Legislativo emitido este jueves, de que la Comisión Permanente autorizó el 3 de septiembre pasado al hasta entonces presidente del Congreso, Pedro Olaechea, “a interponer dicha Acción Competencial y medida cautelar ante el TC”.
Igualmente, señala que “esta decisión se toma en un momento en el que, cada vez más, la opinión pública internacional se suma al pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que solicitó que sea el TC peruano quien se pronuncie respecto a la legalidad y legitimidad de la decisión adoptada por el Ejecutivo”.
Tanto Martín Vizcarra como su primer ministro Vicente Zeballos han señalado en repetidas veces que el Ejecutivo acatará cualquier fallo del Tribunal Constitucional (TC) o el Poder Judicial en ese aspecto, pero reconoció que cualquier decisión que contravenga la disolución del Congreso será muy difícil de aplicar, después de las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 26 de enero.
EFE
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