La Fiscalía de Corea del Sur abrió una investigación sobre Kim Yo-jong, la hermana del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, por la destrucción el mes pasado de la oficina de enlace intercoreana, indicaron este jueves las autoridades.
Las fiscales del distrito central recibieron una denuncia de parte de un abogado que trabaja en Seúl e iniciaron una investigación, dijo un portavoz a la AFP.
El pasado 16 de junio Pyongyang destruyó el edificio de la oficina de enlace intercoreana, unos días después de que su hermana y consejera dijera que era “inútil” y que pronto sería “completamente derribada”.
Antes de la demolición de la oficina ubicada en la localidad fronteriza de Kaesong, en el lado norcoreano, el régimen de Pyongyang había criticado los folletos de propaganda que llegan a su país procedentes del Sur.
En su denuncia, el abogado Lee Kyung-jae afirma que el edificio destruido es propiedad de Corea del Sur y que fue renovado con dinero del gobierno surcoreano pese a que estaba en el Norte. A través de esta oficina las dos Coreas mantenían un canal de comunicación abierto a pesar de que técnicamente siguen en guerra.
Según el abogado surcoreano, Kim Jong-un “usó explosivos para destruir (…) la misión cuasi-diplomática que sirvió al interés público” de Corea del Sur.
Las relaciones entre las dos Coreas siguen siendo tensas desde el fracaso el año pasado de una cumbre en Vietnam entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump sobre el programa nuclear norcoreano.
El letrado de Seúl se ha mostrado consciente del difícil camino judicial que tiene su denuncia, puesto que aunque llegar a materializarse en una sentencia condenatoria, sería prácticamente imposible ejecutarla.
“Es difícil detener a Kim y a Pak y llevarlos ante la Justicia, pero sí se puede llevar a cabo una investigación. Deberíamos permitir que 25 millones de norcoreanos sepan de la hipocresía y la falsa imagen de la familia gobernante, así como del Estado de Derecho de nuestra democracia libre”, declaró, según informa la agencia de noticias Yonhap.
Lee Kyung-jae explicó que la destrucción intencionada de una propiedad estatal puede castigarse con más de diez años de cárcel o hasta con cadena perpetua, conforme a la legislación norcoreana. Además, ha recordado que, según la Constitución surcoreana, Corea del Norte recae en el paraguas jurisdiccional de Corea del Sur.
También argumentó que la destrucción de la oficina de enlace podría llegar a considerarse una declaración de guerra por parte del régimen, puesto que ‘de facto’ se trata de una misión diplomática.
En Corea del Sur ya hay un precedente de un fallo sobre Corea del Norte. El pasado 7 de julio, un tribunal de Seúl condenó al Estado norcoreano a compensar a dos ex prisioneros de guerra por los trabajos forzados a los que les sometió.
Es la primera vez que un tribunal surcoreano reivindica su competencia sobre los asuntos norcoreanos, por lo que el fallo podría afectar a otros muchos casos pendientes en la Justicia surcoreana, algunos de ellos referidos a crímenes de lesa humanidad.
Con información de AFP y EuropaPress
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