La Corte Suprema de Justicia de Argentina, ordenó este miércoles que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, una figura clave en una de las causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.
EFE
Figueroa cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, alcanzando la edad jubilatoria sin que el Senado argentino revisase su situación para extender su mandato como presidenta de Casación.
Según la jurisprudencia argentina, la jueza podría haber obtenido una primera prórroga de cinco años para continuar en su cargo, pero la falta de acuerdo en la Cámara Alta impidió esta extensión.
De acuerdo con una resolución judicial a la que tuvo acceso EFE, la Corte Suprema consideró que el órgano legislativo no previó un «plazo de gracia alguno» para situaciones similares a la de Figueroa.
Los miembros del máximo tribunal indicaron que el «nuevo nombramiento» en la Cámara de Casación debió haberse efectuado previo a que la magistrada alcance el límite de edad, porque de lo contrario el «límite etario se tornaría inoperante».
Ahora, y a propósito de esta situación, el tribunal recordó que son ellos quienes tienen la competencia para tomar las decisiones «que sean necesarias para garantizar la investidura de los jueces».
La sesión del Senado en la que debió abordar la continuidad de la jueza Figueroa se iba a celebrar a mediados de julio pasado, pero se vio frustrada por falta de quórum en el Senado.
Actualmente, ni el oficialismo peronista ni la coalición opositora de centroderecha, Juntos por el Cambio, cuentan con la mayoría suficiente en ninguna de las dos Cámaras argentinas, por lo que necesitan acuerdos para poder poner en marcha decisiones de este tipo.
Los tres miembros de la familia Kirchner fueron acusados de supuesto lavado de dinero y asociación ilícita en la causa Hotesur-Los Sauces, que vinculaba a varios empresarios afines a la exmandataria y a los Kirchner en un entramado de falsas contrataciones de habitaciones en los hoteles administrados por la familia en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Los hechos investigados tuvieron lugar entre los años 2003 y 2015, coincidiendo con los años de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde el voto favorable de Ana María Figueroa en la Cámara de Casación podría haber influido en el sobreseimiento sobre Fernández y sus hijos en este caso.
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