La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el jueves a Oklahoma a reanudar las ejecuciones tras una pausa de seis años, así como a inyectar un cóctel letal sospechoso de causar un sufrimiento atroz a los condenados.
AFP
Oklahoma, estado rural y conservador del sur, preveía ejecutar por la tarde a John Grant, un afroamericano de 60 años condenado a muerte por el asesinato de un empleado de prisión.
Su muerte sería causada por la administración de una combinación de tres sustancias que, tras varias ejecuciones fallidas en 2014 y 2015, había llevado al estado a declarar una moratoria de las ejecuciones.
En 2020, las autoridades locales finalizaron un nuevo protocolo y fijaron varias fechas de aplicación de la pena capital en 2021, empezando por Grant.
«El protocolo ha demostrado ser humano y eficaz», dijo el servicio penitenciario de Oklahoma en un comunicado.
Pero para el abogado del condenado, Dale Baich, hay «serias dudas» sobre el dolor causado por el cóctel letal y su conformidad con la Constitución, que prohíbe las «penas crueles e inusuales».
El miércoles, un tribunal de apelación falló a su favor y suspendió la ejecución, pero las autoridades de Oklahoma apelaron inmediatamente ante la Corte Suprema la cual la aprobó este jueves.
Sin explicar las razones, la Corte Suprema dio in extremis luz verde a la ejecución. Sus tres jueces del ala progresista dijeron no estar de acuerdo con la mayoría conservadora.
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