Las restricciones al ingreso de venezolanos al país obedece al colapso de los albergues en donde retornados deben guardar cuarentena, indica el más reciente informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. En el proceso, son sometidos a malos tratos, insalubridad y hambre.
Por Correo de Caroní
No se tienen datos exactos de la capacidad de albergue de los puestos de atención social integral (PASI) en Venezuela, ni hasta qué punto están ocupados desde que el 19 de abril se bloqueó el acceso público a esta información. Hasta el 10 de abril Naciones Unidas contabilizó 71 centros de alojamiento en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Carabobo y Sucre, con una capacidad de 3.664; para el 18 de abril, el total de cupos disponibles era de 9.615, con una ocupación de 6.539 puestos.
El informe del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Espejismo del retorno reveló que el discurso oficial que estigmatización y criminaliza a los retornados es una forma de encubrir que la restricción extrema de los pasos controlados entre las fronteras se debe, en realidad, al colapso de los PASI.
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