Tras la muerte del líder terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el último sábado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, el destino de su cadáver se ha convertido en un problema ya que un sector sugiere que este sea incinerado y arrojado al mar, mientras que otros sostienen que se debe seguir cumplir la Ley y su cuerpo debe ser entregado a su familia o incinerado si el cadáver no es reclamado.
El sábado por la noche, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo sobre el cuerpo del terrorista que “cualquiera que sea la decisión del Ejecutivo, todo el país tenemos que estar de acuerdo con los mecanismos que se tiene que dar”.
El domingo, a través de su cuenta de Twitter, el gobierno afirmó que es respetuoso de las leyes, y aclaró que no le corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, ya que es competencia del Ministerio Público.
Como Gobierno respetamos la ley y la independencia de poderes. No nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público. #GobiernoDelBicentenario
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 12, 2021
En el mismo sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló el lunes que el interés del país debe prevalecer en la decisión que tome el Ministerio Público sobre el cadáver de Abimael Guzmán Reinoso, cabecilla de Sendero Luminoso.
Precisó que el destino de los restos de Guzmán lo decide el Ministerio Público, conforme a la Ley General de Salud, que establece que debe ser entregado a un familiar, sin embargo, consideró que debe analizarse bien el caso por tratarse de un cabecilla terrorista y “un genocida”.
“Hemos pedido al Ministerio Público que analice bien el caso, no solo de acuerdo al texto literal de la Ley sino que considere otros aspectos como el interés general, el interés común, el orden público, porque aquí está de un lado esta interés de sus seguidores y del otro está el interés del país entero el cual debe prevalecer”, indicó.
Elena Iparraguirre reclama el cuerpo
Sebastián Chávez, abogado de la senderista Elena Iparraguirre, señaló que el cuerpo de Abimael Guzmán no debía terminar en una fosa común y que solo su defendida, al ser esposa del líder senderista, es quien debe tomar una decisión.
“La sepultura es una modalidad, la incineración es otra modalidad. Ambas siempre y cuando las haga su familia. Lo que no es digno es que terceras personas que no tienen que ver nada con el tema quieran decidir qué hacer con los restos”, sostuvo el domingo en una conferencia de prensa.
“La única persona, de acuerdo a ley, que decide qué hacer, cómo hacer y cómo debe enterrarse es la señora Elena Iparraguirre. Si ella dice que se haga un funeral con dos personas, será así. Si dice que se incinere para que ella tenga sus cenizas, será así”, añadió
Además, el abogado presentó una especie de carta poder al Ministerio Público en la que la también condenada por terrorismo Elena Iparraguirre autorizó a Iris Quiñones Colchado (camarada ‘Bertha’) para que se encargue del retiro del cuerpo. Sin embargo, el cadáver no fue entregado.
Pedido inadmisible
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao declaró infundado la demanda de proceso constitucional de hábeas corpus interpuesto a favor de Elena Iparraguirre Revoredo, por la presunta vulneración a la integridad personal y libertad religiosa, así como su derecho para enterrar a Abimael Guzmán conforme a sus creencias.
El abogado Alfredo Crespo Bragayrac, defensor de Elena Iparraguirre Revoredo, con fecha 11 de septiembre de 2021, interpuso una demanda de hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
El objeto de la demanda constitucional tuvo como finalidad que se ordene al fiscal del Callao y al director de la División Médico Legal del Callao que cumplan con entregar el cadáver de Guzmán a quien Iparraguirre Revoredo designe mediante carta poder, en tanto esta última se encuentra privada de su libertad.
Sin embargo, horas después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que dispuso el traslado de la sentenciada por terrorismo Elena Iparraguirre Revoredo a un penal de máxima seguridad por haber vulnerado las normas penitenciarias por llamadas telefónicas realizadas el sábado 11 de setiembre por parte de Iparraguirre Revoredo, “las cuales ensalzan hechos ilegales vinculados con el terrorismo”.
Asimismo, el INPE informó que dispuso la inmediata incomunicación de la cabecilla terrorista, así como el inicio de un proceso disciplinario en razón de la vulneración de las normas penitenciarias.
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