Cuatro defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Honduras entre enero y julio de 2020, periodo en el que se contabilizan además 529 agresiones a activistas por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales, según un informe difundido este jueves por una ONG.
EFE
El informe sobre registro de agresiones a defensoras de derechos humanos fue difundido virtualmente y elaborado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, en el marco de su décimo aniversario de fundación.
Según el documento, la última activista asesinada en Honduras fue Scarleth Cáceres, quien fue atacada a tiros por hombres desconocidos el pasado 10 de julio en un populoso barrio de Tegucigalpa.
Cáceres era defensora de los derechos humanos de la comunidad transexual de Honduras y pertenecía a la Asociación Arcoíris.
Luz Clarita Zúñiga, otra defensora de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI), fue asesinada el 3 de mayo de 2020 en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, por hombres armados.
Melissa Cardoza, representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, dijo en la presentación que Cáceres y Zúñiga fueron asesinadas «a mansalva y de manera brutal».
«Estamos hablando de un nivel de brutalidad y crueldad impresionante (…), solo porque representan creencias, características que las hace diferentes al resto de la comunidad», subrayó.
La defensora del territorio Iris Argentina Álvarez fue asesinada «por agentes de seguridad» durante un «violento e ilegal desalojo» en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
La cuarta defensora asesinada es Karla Ignacia Piota, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien falleció el 12 de enero pasado a consecuencia de las heridas que sufrió durante un atentado, señala el informe.
MÁS DE 500 AGRESIONES A DEFENSORAS
La Red Nacional registró entre enero y julio de este año un total de 529 agresiones, de ellas 425 corresponden a ataques colectivos.
El 71 % de las agresiones fueron intimidaciones y hostigamiento psicológico, y el 46 % amenazas y ultimátum, añade el documento.
Entre las principales agresiones figuran restricciones a la libertad de expresión, movimiento y reunión, calumnia, señalamientos, campañas de desprestigio y expresiones de odio, incidentes de violencia sexual, detenciones ilegales y arrestos arbitrarios.
«Regularmente las compañeras reciben amenazas y agresiones combinadas», subrayó Cardoza, quien lamentó que las feministas sean “blanco de odio” desde hace muchos años.
Destacó que la pandemia de la covid-19 ha venido a “agudizar todas las condiciones de riesgo y de sobrevivencia de nuestras compañeras y las comunidades”.
Además, ha venido a reinstalar la idea de que “hay una fuerza institucional militar y policial que se encarga de nuestra seguridad, lo cual no ha sido cierto”.
El país centroamericano reporta más de 95.000 casos de contagios de coronavirus y 2.652 fallecidos por el virus, según cifras oficiales.
La organización hondureña exhortó al Estado a garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión y que cesen los ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos.
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